Corte pide investigar a Uribe por las ‘chuzadas’

 En el marco de la condena de 14 años de cárcel a María del Pilar Hurtado y de ocho de detención domiciliaria a Bernardo Moreno por el escándalo de las 'chuzadas', la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia compulsó copias ayer a la Comisión de Acusaciones, la Fiscalía y la Sala de Instrucción para que investigue al expresidente Álvaro Uribe y a cinco de sus más altos y cercanos exfuncionarios.

El magistrado ponente Fernando Castro, al final de casi cinco horas de lectura de sentencia contra la exdirectora del DAS y el exsecretario general de la Presidencia, explicó que la decisión se tomó "frente a la petición elevada por las víctimas para iniciar investigación contra exfuncionarios de la Presidencia de la República por hechos ocurridos en 2007 y 2008".

Agregó al respecto el togado que "varios testigos hicieron referencia directa a la intervención de José Obdulio Gaviria, César Mauricio Velásquez, Edmundo del Castillo, Jorge Mario Eastman, e indirectamente del expresidente Álvaro Uribe" en los ilícitos que configuraron las 'chuzadas' o las interceptaciones y seguimientos a magistrados, opositores, periodistas y activistas.

Por esto, advirtió que el máximo tribunal de la justicia ordinaria "transmitirá dicha solicitud a la Comisión de Acusaciones de la Cámara en lo que respecta a Uribe Vélez, a la Sala de Instrucción de este tribunal por el ahora senador Gaviria y a la Fiscalía relativo a los otros exfuncionarios para que decidan lo pertinente en caso de que aún no se hubiere iniciado la respectiva acción penal".

Y agregó el jurista que "como otros declarantes también hicieron referencia al exdirector del DAS, Andrés Peñate, igualmente se informará de ello a la Sala de Instrucción de esta corte".

Los investigados

Se trata de los exfuncionarios que conformaban la cúpula del Palacio de Nariño durante el gobierno del expresidente Uribe y, así mismo, por supuesto, de sus más cercanos colaboradores: su exasesor presidencial José Obdulio Gaviria y actual senador del partido uribista del Centro Democrático; exasesor presidencial Jorge Mario Eastman; exsecretario jurídico de la Presidencia, Edmundo del Castillo; el exjefe de prensa y exembajador de Colombia en el Vaticano, César Mauricio Velásquez y el exdirector del DAS, Andrés Peñate.

Entre tanto, contra Uribe Vélez ya hay una causa abierta por las 'chuzadas' en la cuestionada Comisión de Acusaciones de la Cámara, donde ya se ha hecho costumbre que los procesos no avancen y que, si lo hacen, sea para su archivo.

De manera que la atención se centra en los casos que quedarán en manos de la propia Corte Suprema y de la Fiscalía, pues, de acuerdo a la revista capitalina 'Semana', la jefa de la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte, Elka Venegas, recauda actualmente pruebas contra estos exfuncionarios, señalados por concierto para delinquir, violación ilícita de comunicaciones y abuso de función pública.

La pesquisa contra Del Castillo y Eastman tiene que ver con el caso Paseo, tras una reunión en Palacio en la que habrían recibido información ilegal sobre un viaje de varios magistrados a Neiva, pagado por Ascensio Reyes, el polémico empresario procesado por lavado de activos. La averiguación contra Velásquez también está relacionada con este caso, ya que, al parecer, funcionarios del extinto ente de inteligencia le habrían entregado información ilícita. El proceso contra Gaviria es acerca de supuestas presiones que habría hecho para que le entregaran información clasificada.

Al respecto, Jaime Granados, defensor de Moreno, recordó que ya el expresidente Uribe rindió versión libre en la célula legislativa por las interceptaciones ilegales: "la compulsa no tiene otro efecto que uno de carácter protocolario y formal puesto que ya existe esa investigación". 

Por su parte, la excongresista Yidis Medina, víctima de las 'chuzadas', según el fallo, por haber confesado las dádivas recibidas para apoyar la reelección de Uribe, advirtió que "ahora en lo que hay que centrarse es en el accionar criminal de Álvaro Uribe", refiriéndose a la compulsa de copias.

14 y 8 años

Hurtado fue condenada a 14 años de cárcel por los delitos de abuso de función pública, falsedad ideológica en documento público, concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación y violación ilícita de comunicaciones, y a pagar una multa de 43,3 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Moreno deberá pagar ocho años de prisión domiciliaria por los punibles de concierto para delinquir, violación ilícita de comunicaciones, abuso de función pública y abuso de autoridad, y a pagar una multa de 6.6 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

La exdirectora del DAS se encuentra privada de la libertad en los calabozos del búnker de la Fiscalía desde el pasado 31 de enero, tras haber estado prófuga en Panamá durante los cuatro años que duró el juicio.

Por su parte, el exsecretario general de la Presidencia fue cobijado con detención domiciliaria, como lo pidió su defensa y la Procuraduría, debido, de acuerdo a la Corte, a su buen comportamiento durante el año y medio que duró detenido y los 19 meses que ha estado en libertad, por haber resarcido a sus víctimas con 25 millones de pesos y por no existir riesgo para la sociedad ni posibilidad de que no cumpla su condena.

Debido a que se encontraba en libertad, Moreno fue capturado al término de la diligencia, para ser llevado a su residencia, donde además deberá portar un brazalete electrónico.

Uribe responde

El senador Uribe 'trinó' durante la lectura de fallo: "qué tristeza que a Bernardo Moreno y a María del Pilar Hurtado los condenen por cumplir el deber".

El exjefe de los condenados, luego, a través de un comunicado, anunció que irá a la Corte Suprema el martes "a una versión libre (por el tema del 'hacker' Andrés Sepúlveda, quien también infiltró, esta vez desde la campaña presidencial uribista de Óscar Iván Zuluaga, entes y funcionarios estatales- allí voy a pronunciarme sobre todos estos temas".

Agregó el expresidente que "se está creando la confusión para condenarlos entre lo que es cumplir el deber en la acción contra el terrorismo y en pro de la seguridad nacional, con persecución a las cortes".