La ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de los presos políticos, denunció este miércoles que algunos tribunales en Venezuela se niegan a entregar a familiares constancias escritas del rechazo a solicitudes de amnistía.
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En su cuenta de X, el director vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, afirmó que la ONG ha recibido múltiples denuncias de este tipo, lo que calificó como “grave”, ya que impide ejercer recursos de apelación.
“No se permite apelar de la negativa (de amnistía) sin la copia de la decisión”, subrayó Himiob.
El martes, el Parlamento de Venezuela aprobó extender por 30 días el trabajo de la comisión que supervisa el cumplimiento de la Ley de Amnistía aprobada en febrero, en un proceso que acumula más de 11.400 solicitudes y ha otorgado 8.084 libertades plenas, mientras persisten cuestionamientos sobre su alcance y transparencia.
En una publicación en X, el diputado y presidente de la comisión de seguimiento de la norma, Jorge Arreaza, precisó el martes que 7.782 de esas personas tenían libertad restringida con medidas cautelares -como prohibición de salida del país y régimen de presentación periódica ante tribunales-, mientras que las 302 restantes estaban encarceladas.
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La Ley de Amnistía contempla un período de 27 años, desde 1999 -cuando el chavismo llegó al poder-, pero establece que se concederá a personas vinculadas con 13 “hechos” ocurridos en 13 años distintos, lo que excluye a presos políticos civiles y militares.
Más de un mes después de su promulgación, las autoridades venezolanas no han publicado un listado con las identidades de los amnistiados, pese a la petición pública del alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk.
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El martes, Foro Penal informó que quedan 503 personas detenidas por motivos políticos, entre ellos 44 extranjeros o ciudadanos con doble nacionalidad.
El Gobierno niega que haya personas detenidas por motivos políticos y asegura que cometieron delitos, una afirmación que rechazan varias organizaciones así como partidos políticos.
