El Heraldo
Jorge Ótalora Gómez, Defensor del Pueblo Internet
Barranquilla

Defensor del Pueblo pide al Distrito tomar medidas por emergencia en ladera suroccidental

Recomendó a la Alcaldía de Barranquilla levantar un mapa de riesgos e invitó a la comunidad a conformar comités locales de gestión para mitigar el peligro de deslizamientos en la zona.

El Defensor del Pueblo, Jorge Armando Ótalora Gómez, pidió a la administración distrital de Barranquilla la reubicación de aproximadamente 800 personas que habitan en 2.537 hectáreas de la ladera suroccidental de la ciudad, quienes se encuentran amenazadas por deslizamientos y el agrietamiento de sus viviendas.

Estas familias, que habitan 11 sectores declarados de alto riesgo, expusieron sus reclamos durante una audiencia pública de la que se extrajo el documento, dos meses después.

Los estudios zonifican dichas amenazas en la ladera suroccidental, conformada por 68 sectores entre ellas: Siete de Abril, Bosque, Mequejo, Cuchilla de Villate, Villa Santos, Campo Alegre y Miramar. Cabe destacar que en algunos de estos sectores ya se han presentado reubicaciones de familias, y demoliciones de viviendas, mientras otras edificaciones siguen en riesgo por los deslizamientos de tierra.

Otras áreas deberán ser declaradas como reserva natural, advirtió en la Resolución Defensorial. "Los suelos de la ladera suroccidental, de consistencia de arcilla expansiva, han sido intervenidos irracionalmente, no se ha tenido en cuenta la vocación del uso del suelo ya que se ha permitido para fines urbanísticos y se ha destruido su vegetación nativa", indicó el documento.

Así mismo, sugirió a la Alcaldía de Barranquilla exigirles a los constructores que respondan por los perjuicios causados a los habitantes afectados con el agrietamiento de sus inmuebles, y ejecutar las obras necesarias para hacer frente al deterioro de los sectores que aún no están clasificados en riesgo.

Los avances en la adopción de las medidas y la puesta en marcha de los proyectos para la solución de la problemática, lo mismo que los resultados de las mesas de trabajo convocadas por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, deberán ser reportados a la Defensoría del Pueblo cada tres meses, señaló la Resolución Defensorial.

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