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A comienzos de abril de 2020 se detectó el primer caso de coronavirus en un centro penitenciario del país. Desde entonces, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) tiene registros de 21.438 reclusos que se han recuperado.

De la cifra suministrada, 1.155 de los contagiados correspondieron a personal del cuerpo de custodia y vigilancia, 111 funcionarios administrativos, 249 del grupo de auxiliares del cuerpo de custodia y 19.923 de los privados de libertad.

En la actualidad, el Inpec reporta 587 casos positivos activos en 30 de los 132 centros penitenciarios del país, de los cuales, 494 corresponden a detenidos, 13 de los funcionarios administrativo y 80 del cuerpo de custodia y vigilancia.

El virus en las cárceles ha cobrado la vida de 113 personas privadas de la libertad. De las víctimas 104 son hombres y seis son mujeres.

El Inpec reporta que los centro de reclusión que más presentan casos son la cárcel de El Barne (Boyacá), donde en la actualidad hay 211 contagios activos; de esa cifra 195 son internos y 16 funcionarios de la entidad.

La cárcel de El Socorro (Santander) tiene en la actualidad 48 internos contagiados y 2 funcionarios. Entre tanto, la cárcel de Ramiriquí (Boyacá) tiene 33 reclusos y dos trabajadores contagiados; en el centro penitenciario La Unión (Nariño) hay 30 internos y dos trabajadores con coronavirus.

Le siguen la cárcel de Girardot (Cundinamarca), donde hay 27 internos contagiados, y el Centro Carcelario y Penitenciario de Pitalito (Huila), con 21 privados de la libertad y un funcionario con Covid-19.

Según el registro, en la cárcel de Santa Marta solo hay un privado de libertad contagiado.

La vacuna

El Inpec le confirmó a RCN Radio que la vacuna anticovid de Pfizer podría comenzar a aplicarse en los 132 centros penitenciarios del país en agosto.

No obstante, el proceso para iniciar la vacunación depende de la programación que maneja el Ministerio de Salud.

El Ministerio de Salud manifestó que será en la etapa 4 de la fase 2 cuando se vacune a la población de cuidadores institucionales y a la población en ocupaciones y situaciones de riesgo, por lo que se presume que acá entren los privados de libertad, guardias del Inpec, policías y militares, además de habitantes en situación de calle.

En esta etapa se busca prevenir la transmisión general del virus en la población con la intención de reducir la incidencia general de casos, enfocado a los contextos con mayor riesgo de brotes.