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El lío de los Acosta por la Metropolitana que puso en evidencia a Pulgar

El nombre del senador salió a relucir en medio del pleito familiar para presuntamente favorecer a una de las partes en busca de votos para su cargo.

Las disputas judiciales en el interior de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, la Fundación Acosta Bendeck y del Hospital Universitario Metropolitano son, en sí mismas, un verdadero escándalo al que nadie quisiera asomar sus narices, no solo por la naturaleza jurídica de los casos, sino por tratarse de un conflicto familiar de dos bandos que llevan años luchando por tomar el control de esas instituciones.

Sin embargo, desde el pasado domingo, el nombre del senador Eduardo Pulgar parece haber salido desde una gran tómbola,  en cuyo interior hay decenas de documentos, pruebas y demás elementos que acompañan el proceso de los Acosta Osío y los Jaller Raad.

El encargado de sacar el papelito fue el periodista Daniel Coronell, quien reveló uno audios donde presuntamente se oye al congresista Pulgar decir: “A través de la Presidencia de la República y el Ministerio de Educación conseguí que finalmente ahí pusieran (en la rectoría de la Unimetro) a un tipo que ha estado antes en la universidad (Juan José Acosta Osío), que es sobrino del viejo Gabriel Acosta”.

Lo anterior, supuestamente, corresponde a un intento de soborno que el legislador intentaba hacerle al hoy exjuez Andrés Fernando Rodríguez Cáez, que ocupaba, hace unos años atrás, provisionalmente el puesto como juez primero promiscuo municipal de Usiacurí. La intención era favorecer a Luis Fernando Acosta Osío, ex cónsul honorario de Polonia,  y a su hermano Juan José para que fallara a favor de ellos y dejar que este último tomara, en firme, la rectoría de la universidad.

El supuesto soborno es especialmente alarmante en medio de un proceso al que, luego de cuatro años de disputa jurídica y familiar, parece que solo se le agregan páginas. Uno tras otro, los folios que desde 2016 han acumulado los juristas parecen estar convirtiéndose en una historia sin fin.

En este caso, como si fuera una novela, los problemas comenzaron en el seno de una familia muy costeña y acomodada. El médico otorrinolaringólogo y senador Gabriel Acosta Bendeck y su primera esposa, Sofía Acero de Acosta, tuvieron una idea: crear la Fundación Acosta Bendeck, a partir de la cual nació la Universidad Metropolitana de Barranquilla en 1973 y el Hospital Metropolitano, cuatro años más tarde.

En su momento, las aspiraciones políticas de Gabriel Acosta Bendeck llevaron a que la rectoría de Unimetro quedara a cargo de su hermano Eduardo Acosta Bendeck, quien estuvo en el cargo por 35 años, durante los cuales la institución alcanzó prestigio y reconocimiento a nivel nacional.

Uno de los tantos encuentros que sostuvo personal de la Universidad con el inspector in situ.

Todo parecía marchar bien; sin embargo, la extraña muerte de Gabriel Acosta Bendeck en 2014 desató entre sus herederos —legítimos y políticos— y los de sus hermanos una disputa penal y civil que ha requerido la intervención de 11 autoridades judiciales, una vigilancia especial a la Universidad Metropolitana y un acuerdo de alternancia en la rectoría que ha causado estragos similares a los que dejó el Frente Nacional en el país.

La disputa está entre dos ramas de la misma familia: por un lado están Alberto Acosta Pérez y sus primos Juan José Acosta Osío (actual rector del alma mater) y Luis Fernando Acosta Osío (implicado en el supuesto soborno), María Cecilia Acosta Moreno y Gina Eugenia Díaz de Acosta (esposa de Alberto). Estos son algunos de los hijos de los cuatro fundadores de Unimetro: Gabriel, Eduardo, Jacobo y Alfonso Acosta Bendeck.

En el otro bando están Ivonne Acosta, única hija del matrimonio conformado por Gabriel Acosta Bendeck y Sofía Acero de Acosta, quienes dieron origen a la fundación que hoy está en el centro del pleito. Ivonne Acosta es respaldada por su esposo Carlos Jaller Raad, quien es uno de los denunciantes, así como por Javier Cuartas Jaller y Jorge Luis Hernández Cassis.

En este punto, la supuesta intervención de Pulgar habría roto el acuerdo y agregado presuntamente nuevos delitos a la lista que se endilgaron a los intervinientes. Según la conversación, el congresista fue más específico al solicitar  ayuda al togado. “Esa universidad me pone unos votos muy importantes y adicionalmente… Aquí hay un negocio… Ustedes me dicen… y yo voy y digo: esta jugada vale tanto y vamos pa’lante. Así de sencillo”.

También en otro de los audios la supuesta voz de Pulgar sugiere el monto que el juez debería cobrar. “Si los manes son juiciosos. Si yo le digo: hey doc, esta vaina vale 200 barras. Él me dice: ¿a qué horas y dónde?. Así, pa hablar claro. Yo les digo a ustedes la verdad. Aquí hay un negocio…Yo creo… No sé, si ustedes quieren hablar solos”.

A las pocas horas de conocerse este polémico episodio, de inmediato el Partido de la Unidad, al que pertenece el congresista, anunció que trasladó el caso al Comité de Ética de la colectividad, para que internamente se hagan las investigaciones pertinentes y se tomen las medidas a las que haya lugar.

Al tiempo, la Presidencia de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia asumió por oficio la denuncia mencionada contra el senador del Partido de la U, quien fue solicitado días después por el alto tribunal y al que Pulgar acudió el pasado jueves. Así mismo, la Corte tomó declaraciones en Barranquilla al exjuez Andrés Fernando Rodríguez Cáez, a Luis Fernando Acosta Osío y al ex alcalde de Usiacurí Ronald Padilla.

Momentos de tensión en la retoma de la Unimetro por parte de los Acosta en septiembre de 2018.

Habla el MEN

En los audios el senador dejó entrever la influencia del Ministerio de Educación para lograr el nombramiento de Juan José Acosta Osío en la rectoría de la Unimetro. Esto llevó a que la cartera de Educación saliera de inmediato a aclarar su participación dentro del proceso.

Dejó claro que dentro del ejercicio de inspección y vigilancia de la educación superior decretó en noviembre de 2018 “medidas preventivas” y de “vigilancia especial” en la Universidad Metropolitana, de carácter administrativo, es por ello que realizó la designación de un inspector in situ.

Frente a denuncias de un desacato por parte del Ministerio, la cartera aclaró que en dicha situación el Ministerio “es respetuoso” de las órdenes judiciales y manifestó que varias de las providencias relacionadas con la Unimetro han sido contradichas “por subsiguientes decisiones de los diferentes jueces que han conocido de este asunto”.

“Algunas de estas (providencias) son de imposible cumplimiento para esta cartera, tales como reorientar o anular los actos de los órganos de gobierno de la Institución, lo cual compete exclusivamente a éstas en el marco de su autonomía universitaria, la cual es del ámbito Constitucional”, destacó el Ministerio.

Es decir que el Ministerio dice mirar de lejos el portafolio que reposa en los Juzgados de Barranquilla sobre el proceso por la dirección de la Universidad Metropolitana.

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