Un consejo de seguridad bajo fuego: ¿soluciones o más de lo mismo?

Anuncios de una importante bolsa de recompensas por mandos medios o cabecillas emergentes de las estructuras criminales que tienen de cabeza a Barranquilla y el Atlántico, la creación de dos nuevos Comandos de Policía territoriales y la ejecución de planes operativos para endurecer la ofensiva contra el crimen, fueron algunos de los acuerdos, al menos los más significativos, del consejo de seguridad presidido el viernes anterior por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y que contó con la presencia del ministro del Interior, Armando Benedetti; el gobernador Eduardo Verano; el director de la Policía, general William Rincón, y alcaldes locales.

Las autoridades se reunieron en el Comando Aéreo y de Combate No. 3 del municipio de Malambo y, por espacio de un par de horas, revisaron la difícil situación que atraviesa este territorio.

Varias localidades de Barranquilla, por no decir que todas, así como los municipios del área metropolitana, han sumado casos de homicidio en lo que va de este año. Unas zonas más que otras. Las horas de calma son escasas a causa de los ataques a bala. Ni qué decir de poblaciones del departamento del Atlántico, fuera de la jurisdicción en mención, que antes eran remansos de paz y hoy sus habitantes se han visto abocados a cambiar sus costumbres por temor al sicariato.

Un recuento realizado por EL HERALDO indica que los hechos de sangre se han incrementado en el último mes, específicamente entre el 20 de enero y este 20 de febrero, con seguidillas de homicidios bajo la modalidad de sicariato, consumados en cuestión de horas, o con la ejecución de casos tan atroces como el mutilamiento de un joven en el municipio de Soledad.

En su momento, el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, general Miguel Camelo Sánchez, reconoció un incremento de asesinatos en las poblaciones bajo vigilancia de la Mebar, específicamente en enero, en comparación con el mismo periodo de 2025.

En entrevista radial, el alto oficial mencionó una disminución de homicidios en Barranquilla, pero en el caso de Soledad, de Galapa, de Malambo y Puerto Colombia, alertó de un incremento en los casos, frente a cifras de 2025. “En Soledad fueron cuatro casos más, en comparación con el año pasado; en Galapa, tres casos más; en Malambo, cuatro casos más y en Puerto Colombia tres casos más”, indicó.

De manera global, Barranquilla y su área metropolitana cerraron el mes de enero con 96 casos de homicidio, casi todos en su mayoría bajo el contexto del sicariato.

Y el general asoció la mayoría de estos hechos a las disputas entre estructuras criminales por el control de las rentas ilícitas, a los casos de extorsión y los conflictos entre cobradiarios.

Sin embargo, académicos expertos en temas de seguridad, en diálogo con este medio, atribuyeron el recrudecimiento luego del fin de la supuesta tregua entre ‘los Pepes’ y ‘los Costeños’.

Como se sabe, en octubre del año anterior, en un evento televisado, Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, y Digno Palomino Rodríguez, cabecillas históricos ‘los Pepes’ y ‘los Costeños’, firmaron un documento en el que se comprometían a hacer la paz en este territorio para el cierre del año. Pasaron de ser criminales a ‘actores políticos’ e incluso pidieron al Gobierno nacional traslados de centros carcelarios para ellos y parte de sus cómplices. Al final, eso no se dio y el plan de paz en este territorio hoy parece no tener rumbo. Al menos en este periodo electoral.

En medio de su intervención, el mandatario de los atlanticenses, Eduardo Verano, endureció un poco su discurso frente a esos diálogos exploratorios o de paz urbana que fueron anunciados desde el año anterior y a los que él les dio el visto bueno en diferentes momentos.

Ahora, Verano insistió en la necesidad de que el Gobierno nacional entregara claridad sobre el “alcance y la efectividad de los mismos”, ante el incremento de hechos asociados a ajustes de cuentas entre estructuras ilegales.

“Estamos enfrentando crimen organizado, disputas violentas entre bandas que se están cobrando vidas cada semana. No podemos permitir que estos cabecillas sigan sembrando miedo…”, afirmó el gobernador.

Y luego insistió: “lo que hoy estamos viendo no es simplemente un problema de seguridad ciudadana. Estamos enfrentando estructuras criminales organizadas. El país necesita claridad sobre el rumbo de esos diálogos y sobre las acciones concretas que evitarán que estos procesos se traduzcan en más violencia”, sostuvo.

Pero además el gobernador también expresó preocupación por el alto porcentaje de capturas que no terminan en medidas efectivas de aseguramiento: “El 93 % de las capturas por porte ilegal de armas terminan en libertad. Eso golpea la moral de nuestra Fuerza Pública, genera frustración ciudadana y debilita la confianza en la institucionalidad. Necesitamos decisiones firmes frente a quienes reinciden en el delito”, advirtió.

A su turno, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, envió un “claro mensaje” para todo el departamento del Atlántico.

“Atlántico no está solo, todo el Estado colombiano está con ellos, toda la fuerza pública está con ellos, y se empleará como sea necesario para que no nos arrebaten el sueño, la libertad, la democracia y la seguridad a la cual tenemos derecho”.

Y, a manera de respuesta al Gobernador, aseguró que a pesar de los diálogos exploratorios entre Pepes y Costeños, no le temblará el pulso al Estado para capturar a quienes están cometiendo delitos.

“Con estos grupos criminales en ningún momento se ha ordenado que haya omisión por parte de la fuerza pública para cumplir su misión constitucional. No es una patente de corso para el delito, para la extorsión, para el secuestro, para el crimen, el hecho de que se decide adelantar un diálogo”, dijo.

El alto funcionario también anunció nuevamente —ya se había hecho en enero— la creación de dos nuevas Policías Metropolitanas para Soledad y Malambo, con Subestaciones y CAI, pero no ahondó en cómo sería la articulación de esas dos instituciones y sus alcances con las ya establecidas Policía Metropolitana de Barranquilla y el Departamento de Policía Atlántico.

El profesor Luis Fernando Trejos, investigador en temas de seguridad de la Universidad del Norte, consideró que lo más destacable y novedoso del reciente consejo en materia de orden público es que, por primera vez desde el nivel nacional, se reconoce de manera explícita la existencia de un problema estructural en la justicia.

Según señaló el ministro de Defensa, nueve de cada diez personas capturadas quedan en libertad, una preocupación que también fue compartida por el gobernador Verano, en relación con los detenidos por porte ilegal de armas.

En la práctica, esto evidencia un contexto de impunidad y sugiere que el principal “cuello de botella” no estaría en la administración distrital ni en la Policía, sino en los operadores judiciales e incluso en la capacidad del sistema penitenciario.

Para Trejos, hacer público este diagnóstico resultó valioso, pues visibiliza una falla estructural que durante años ha sido señalada de forma dispersa, pero no siempre asumida con claridad desde las más altas instancias del Gobierno. La expectativa, advierte, es que esta discusión se mantenga en el mediano y largo plazo y se traduzca en decisiones concretas.

Por otro lado, el académico se refirió a lo que dijo Mindefensa que la paz no se alcanza únicamente mediante concesiones a los grupos criminales, sino a través del fortalecimiento de las capacidades institucionales.

“Esta postura introduce tensiones frente a las llamadas mesas de diálogo sociojurídico, que han sido cuestionadas por distintas autoridades. Si bien algunos grupos han manifestado voluntad de paz, en la práctica ello no se ha reflejado en una disminución sostenida de la violencia, sino, por el contrario, en su exacerbación en varios territorios”, afirmó.

A su turno, el docente e investigador de la Universidad Libre, Alejandro Blanco Zúñiga, señaló que el consejo de seguridad dejó en evidencia algo que va más allá de las medidas anunciadas: una disputa por el relato sobre la ciudad.

A su juicio, el Gobierno nacional llegó con la intención de marcar territorio e instalar la idea de que Barranquilla no atraviesa simplemente “un mal momento”, sino una crisis aguda con un deterioro estructural en materia de seguridad.

En otras palabras, el Ejecutivo buscó que el foco mediático y político no se concentrara en anuncios puntuales —como el ofrecimiento de altas recompensas o la creación de un puesto operativo de la Policía en Soledad—, sino en la gravedad del panorama general. Se trató, según el académico, de posicionar una narrativa de crisis que obligara a replantear el debate público sobre la seguridad en el territorio.

En esa disputa por el relato, el Gobernador respondió apuntando a los resultados de la tregua, según el docente.

“Mientras el Gobierno nacional trata de poner el foco en la gravedad de lo que pasa y en la idea de crisis, Verano puso el dedo en esa estrategia, diciendo: si la tregua se vendió como parte de la solución, entonces toca mostrar qué produjo realmente”.

Al cierre del consejo de seguridad que se llevó a cabo el viernes anterior en Malambo se registraron cinco casos de homicidio entre Barranquilla y el municipio de Soledad.

Hacia las 5:20 de la tarde fue asesinado a balazos en el barrio San Luis, en la localidad Metropolitana de Barranquilla, Auber Fernando Lora Cárdenas, presunto integrante del Clan del Golfo y conocido dentro de este grupo armado como alias ‘El Padre’. Luego, en el barrio Carrizal, en la localidad Metropolitana de Barranquilla, se presentó un ataque armado que dejó muerto a Luis Fermín Padilla Alfaro, de 25 años, y heridos a Josué David Martínez Altamar, de 36 años, e Iván Antonio Hernández Ortega, de 39 años, quienes permanecen hospitalizados.

Minutos después, en el barrio Siete de Abril, en la misma localidad, fue asesinado Óscar Wilson Pérez Pedraza, de 51 años y conocido con el apodo de ‘Sapito’, mientras cumplía labores de vigilancia.

En el barrio Las Nieves, en el mismo lapso, fue asesinado Alberto Mario Rosillo Pestaña, de 56 años de edad y conocido con el apodo de ‘El Manco’. Su muerte estaría relacionada con la de su sobrino, acribillado el Domingo de Carnaval en el mismo sector. Al parecer, los dos crímenes fueron cometidos por alias Popeye de ‘los Pepes’. Y en Soledad, en el barrio Nueva Esperanza, fue asesinado Andrés Felipe Coronado Caballero, de 28 años.