A un mes de haberse firmado el acuerdo de paz entre las estructuras criminales ‘los Pepes’ y ‘los Costeños’, Barranquilla registra una reducción significativa en los homicidios, según confirmaron autoridades locales y miembros del proceso de mediación. Sin embargo, el siguiente capítulo de esta negociación, con el posible traslado de los dos principales cabecillas de ambas estructuras a la capital del Atlántico, abre un debate sobre la seguridad en este territorio.
Camilo Pineda Serje, delegado de la Consejería Comisionada de Paz (CCP) en el departamento de Atlántico y facilitador del proceso de paz urbana en Barranquilla, explicó que la decisión aún no está tomada y que el Gobierno nacional estudia diferentes escenarios antes de definir el futuro de los internos Digno Palomino Rodríguez y Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor.
“Esta es una decisión que pasa por múltiples filtros institucionales. Ya hemos elevado la consulta a varios niveles, y debe tomarse con la mayor rigurosidad y sensatez”, indicó Pineda.
El funcionario precisó que el eventual traslado no solo obedece a la necesidad de mantener una comunicación más directa con los líderes del proceso, sino también a criterios de seguridad tanto para ellos como para el entorno carcelario.
“Hay que considerar el efecto que los traslados pueden tener a corto y mediano plazo en las dinámicas internas de las estructuras criminales. El reto del Gobierno es decidir con prudencia, sea a favor, en contra o con un traslado parcial”, afirmó.
Seguridad penitenciaria
Según explicó el facilitador, tanto Digno como Castor son clasificados como internos de alta seguridad, lo que dificulta su traslado a centros de reclusión en Barranquilla, donde solo existen establecimientos de mediana seguridad.
“Desde el Inpec se ha hecho un llamado a la mesura. No podemos traerlos y ubicarlos en cárceles como La Modelo o El Bosque sin analizar los riesgos. Hay que revisar quiénes están allí, cuáles son las condiciones de convivencia y si su presencia podría generar conflictos internos”, señaló.
Pineda advirtió que una decisión mal planeada podría poner en riesgo la vida de los internos y desestabilizar los avances del proceso de paz urbana que se viene consolidando en la ciudad.
“No podemos permitir que una medida mal analizada provoque un repunte delictivo o ponga en riesgo lo que hemos logrado. Esperamos que este mes podamos avanzar en los estudios necesarios para tomar una decisión con responsabilidad”, enfatizó.
Menores en riesgo
El facilitador destacó que, pese a los retos, el acuerdo entre ‘los Pepes’ y ‘los Costeños’ ha permitido una reducción de los homicidios y las extorsiones en la ciudad de Barranquilla y el área metropolitana.
De cara al 2026, Pineda indicó que el compromiso de las estructuras armadas ilegales apunta a mantener a los niños, niñas y adolescentes fuera de las dinámicas del crimen organizado y a avanzar en el desmantelamiento progresivo del microtráfico en zonas escolares y espacios públicos.
“Estamos definiendo una ruta metodológica que nos permita verificar que los esfuerzos sean reales. Debemos garantizar que los menores no sean reclutados ni usados en estas estructuras, y que el expendio de drogas se mantenga alejado de colegios, parques y bulevares”, explicó.
La meta, según dijo, es cerrar el año con resultados tangibles y dejar bases sólidas para que el próximo gobierno dé continuidad al proceso y consolide la paz urbana en Barranquilla y su área metropolitana.
“Si logramos sostener la reducción de delitos y dar pasos firmes hacia el control social del territorio, estaremos frente a una oportunidad histórica para la ciudad”, concluyó Pineda.
