'En el conflicto armado colombiano, a menudo se pasa por alto el sufrimiento de los servidores judiciales. Entre 1979 y 2023, el Fondo de Solidaridad con los Jueces de Colombia ha registrado 1.262 actos de violencia contra ellos, incluyendo amenazas, homicidios y desplazamientos'. Esto citó este viernes 17 de noviembre el ministro de Justicia y del Derecho, Néstor Osuna, en el marco del acto de reconocimiento a la dignidad de los servidores judiciales y sus familiares que, en el contexto de la labor judicial, han sido víctimas de violencias asociadas al conflicto armado.
Por primera vez el Estado hace un reconocimiento a la memoria de estas otras víctimas de las eternas confrontaciones del país y de hechos asociados al narcotráfico.
El encuentro se llevó a cabo en el Museo Nacional y contó con la presencia de familiares de víctimas provenientes de ciudades como Arauca, Bogotá, Bucaramanga, Buenaventura, Cali, Cúcuta, Cartagena, Montería, Pasto, San Andrés y Santa Marta; y de municipios de los departamentos de Antioquia, Cesar, Chocó, Cundinamarca, Meta, Tolima y Valle del Cauca, entre otros. Así mismo se contó con la asistencia del viceministro de Política Criminal Camilo Umaña, hijo del abogado y defensor de los derechos humanos Eduardo Umaña Mendoza, asesinado en 1998, y miembros del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD y el Fondo de Solidaridad con los Jueces Colombianos, FASOL.
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Para EL HERALDO, el ministro Osuna expresó que, en línea con las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, se 'lideró un proceso para reconocer y recordar a estos servidores y sus familias'.
Y reconoció que el conflicto armado 'no solo afectan personal y familiarmente' a los funcionarios, sino que también 'socavan la democracia al minar la capacidad de impartir justicia, generando impunidad y desconfianza'.
Según el alto funcionario 'es esencial rodear y reconocer a estos servidores judiciales, honrando su papel vital en la democracia y la justicia mediante medidas para prevenir futuras violaciones a los derechos humanos'.
Una larga lista
El Fondo de Solidaridad con los Jueces Colombianos, FASOL, organización social en Colombia que brinda apoyo a servidores y servidoras del poder judicial víctimas de la violencia, registra que entre 1979 y 2023 al menos 1297 funcionarios y funcionarias del sistema de justicia han sido víctimas de diferentes hechos de violencia en el contexto de la labor judicial.
No obstante, se habla poco de ellos y ellas, de la violencia que han sufrido y de lo que eso significa para la democracia. Por eso, según el organismo, la importancia del primer acto de reconocimiento y memoria como punto de partida para la conversación pública e institucional del tema.
En el caso de la región Caribe estuvieron presentes allegados de Albeiro Fraija Pedrozo, investigador del CTI de la Fiscalía, asesinado en diciembre de 2009 en la capital del Magdalena.
El investigador, de 32 años para el momento de los hechos, había participado el mes anterior en la captura de Hernán Giraldo Ochoa, alias ‘Rambo’, hijo del jefe paramilitar Hernán Giraldo Serna y acusado de ser uno de los jefes de Los Nevados, una de las bandas conformadas por desmovilizados del bloque Resistencia Tayrona.
También, acompañados por Minjusticia, hicieron presencia familiares de Carlos Arturo Ibarra Bernal, miembro del CTI de la Fiscalía víctima de desaparición forzada junto con otros seis compañeros en Codazzi, Cesar, en el año 2000, cuando se dirigían a realizar la exhumación del cadáver de un vendedor de paletas asesinado por paramilitares de la región.
Estos fueron víctimas de la orden fatal del ex comandante del Bloque Norte de las autodefensas, Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, según registros de la propia Fiscalía.
Y por el departamento de Sucre participaron los allegados del investigador judicial José Luis de la Rosa Mejía, asesinado en San Onofre, Sucre, en medio de una masacre que sucedió el 27 de mayo de 2001.
En años anteriores, de la Rosa había sido declaro objetivo militar por parte de los paramilitares, razón por la cual había sido trasladado. Sin embargo, en 2001 fue enviado nuevamente a la región en comisión oficial. Junto a de La Rosa también fue secuestrado, asesinado y desaparecido su compañero del CTI, Fabio Luis Coley Coronado.
En el marco del proceso de escucha, las víctimas manifestaron la ausencia de garantías suficientes para el ejercicio de las funciones judiciales, la falta de respuesta institucional integral a sus casos y de protección plena para las personas sobrevivientes de la violencia y los familiares de las víctimas.
'Hay esperanza que seré escuchada por el caso de mi padre'
Marilyn de la Rosa, hija de José Luis de la Rosa Mejía, investigador judicial asesinado en el departamento de Sucre, fue una de las participantes del evento realizado en la capital del país.
En comunicación con este medio manifestó que hubo mucha tardanza en ese reconocimiento para los servidores del poder judicial víctimas del conflicto y, más allá para sus allegados.
'Para mí se tardó mucho porque desde que mi papá desapareció hasta el día de hoy son 22 años donde el gobierno nunca se pronunció sino hasta el día de hoy', señaló de la Rosa.
Sin embargo, el espacio abierto le dio una esperanza de ser escuchada para tratar de hacer justicia en torno al crimen.
'A mí me da una esperanza porque por primera vez seré escuchada, no solamente yo si no todas las demás víctimas, para ver si así por fin podemos ver una justicia y una verdad que hasta el día de hoy no hemos visto, y poder dejar a nuestros familiares en alto y que no sean olvidados', anotó.
Cabe señalar que la tarea de su padre era investigar en San Onofre y sus alrededores a Rodrigo Mercado Pelufo, alias Cadena, jefe paramilitar del bloque Héroes de Los Montes de María.
Junto con de la Rosa fueron asesinados el mismo día Fabio Luis Coley Coronado, otro investigador del CTI, y Sadith Mendoza Pérez y a Aida Cecilia Padilla Mercado, dos acompañantes.
