Fiscalía imputa cuatro delitos a seis funcionarios del Inpec capturados por extorsión en Barranquilla

En horas de la tarde de este jueves 12 de octubre, se llevó a cabo la audiencia de imputación de cargos en contra de los seis funcionarios del Inpec que fueron capturados por el Gaula de la Policía, y en esta se revelaron detalles del supuesto actuar delictivo de lo que sería una 'sociedad criminal' dentro de la Cárcel Modelo.

Recordemos que los capturados fueron los inspectores Luis Yobani Tovar Ardila, de 49 años; Octavio Márquez Segura, de 36 años, y Mauricio Alejandro Acosta Acosta, de 34 años. Asimismo, los dragoneantes Álvaro Iván Díaz Cañas, de 31 años; Harold Iván Ramos Bastidas, de 31 años, y Darwin Manuel Fernández Salcedo.

De acuerdo con la información entregada por la Fiscalía, del 1 de junio de 2021 hasta el 22 de abril de 2022, estos seis guardianes 'habrían concertado una sociedad criminal y sistemática para exigir el pago de prebendas y así entregar elementos y servicios a los internos del penal'.

Sin embargo, esto, al parecer, no lo realizaron solos, pues, según el fiscal, ellos permitieron que siete privados de la libertad 'pudieran extorsionar a sus cohabitantes, es decir, que cada uno desplegó un comportamiento de extorsión que les permitieron exigir el pago de ciertas sumas de dinero, de lo cual los imputados permitieron que dicha actividad ilícita sucediera y con posterioridad también recibieron dineros de los internos, a efecto de garantizar que lo que pactaron se les cumpliera'.

En esa misma línea, se conoció que estos pagos de prebendas eran, presuntamente, para tener seguridad y habitabilidad en el interior del establecimiento carcelario. 'La Fiscalía permite acreditar que existen dos víctimas que manifestaron que los imputados les hicieron exigencias extorsivas y que asimismo permitieron que terceros se las realizaran'.

Aproximadamente 30 millones de pesos era lo exigido por esta 'sociedad criminal', quienes manifestaban que con esto, en primera medida, por hacerse con una habitación, poder tener utensilios o elementos de aseo, poder acceder a tener una cobija, permitirles el ingreso de visitas y el ingreso de elementos que van en la contra del penal, como teléfonos celulares, drogas e incluso armas de fuego.

Del mismo modo, el representante del ente acusador reveló que los inspectores y dragoneantes capturados no permitieron que se dieran trámites a las quejas que formulaban los internos a los entes de control.

'Una vez que algún ente de control fuese alertado sobre la realización de actor ilícitos, desplegaron actos que permitieron la obstaculización de la actividad investigativa, como por ejemplo, trasladar del plantel a los internos que formularon las quejas disciplinarias y asimismo forzarlos a que ellos cambiaran sus versiones y se abstuvieran de colaborar con la Fiscalía, y de no ser así atentarían contra su humanidad e integridad personal', añadió el fiscal.

Es por esto que el funcionario del ente acusador les imputó los delitos de concierto para delinquir con fines de extorsión, concusión, prevaricato por omisión y enriquecimiento ilícito, cargos que ninguno de los detenidos aceptó.