El juez Primero Promiscuo municipal de Malambo con funciones de control de garantías y conocimiento, Franklin de Jesús Bedoya Mora, ordenó el traslado de Emilio José Tapia Aldana al Batallón Vergara y Velasco del Ejército Nacional, con sede en la misma población.
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La decisión del togado se dio desde el pasado viernes 9 de junio y fue en cumplimiento a una acción de tutela en la que aparecen como accionantes sus familiares y como accionado el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec.
Este medio conoció que la pareja e hijos del condenado por corrupción y preso actualmente en la Penitenciaría de El Bosque elevaron la petición ante el juzgado en amparo de los derechos fundamentales a la 'unidad familiar, interés superior del menor, igualdad y dignidad humana'.
Tapia Aldana fue uno de los presos del pabellón de Reclusión Especial de la Penitenciaría de El Bosque al que no trasladaron a otros centros carcelarios del país luego de que el Inpec profiriera el pasado 26 de mayo la Resolución N°. 004680, con la cual se suprimió este espacio.
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Acusación
Cabe señalar que en el mismo mes de mayo un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción acusó formalmente ante un juez de conocimiento a Emilio Tapia por los delitos de peculado por apropiación agravado, fraude procesal y falsedad ideológica en documento privado, en relación con su presunta participación en distintos actos de corrupción, identificados en el trámite y celebración de contratos que se seguían en dos entidades públicas distintas.
A través de un comunicado, el ente investigador detalló que para la diligencia se agruparon tres casos que se seguían en contra de Tapia Aldana, en los que quedaron en evidencia supuestas maniobras ilícitas.
Uno de estos fue el caso denominado ‘Centros Poblados’, relacionado con los contratos suscritos entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Mintic) y la unión temporal Centros Poblados, el cual pretendía llevar internet a 7.000 escuelas rurales.
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'Tapia Aldana habría contactado a dos personas para que prestaran los nombres, experiencia y capacidad financiera de sus empresas para conformar la unión temporal. A cambio, les pagaría 4.000 millones de pesos', señaló la Fiscalía.
Posteriormente, el hoy acusado, al parecer, conoció de la obtención de pólizas falsas para respaldar ante Mintic la seriedad de la oferta, la firma del contrato y recibir un desembolso de 70.000 millones de pesos, por concepto de anticipo.
La otra investigación se basó en la falsificación de documentos bancarios que fueron presentados en procesos licitatorios ante las Empresas Municipales de Cali (Emcali), en 2021, para desarrollar dos proyectos relacionados con la planta de tratamiento de agua potable (PTAR), con un valor de unos 6.000 millones de pesos. Según la Fiscalía, se habrían adulterado documentos para quedarse con los contratos.
