La Fiscalía General de la Nación anunció en la mañana de este jueves 18 de mayo la acusación formal contra una procuradora delegada del Atlántico, una empleada del Tribunal Administrativo del Atlántico y cuatro abogados, investigados por entregar dádivas a jueces y funcionarios para direccionar fallos en favor de particulares que demandaron administrativamente a distintas entidades en el Departamento.
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Eduard Alirio Calderón, director Especializado contra la Corrupción de la Fiscalía General de la Nación, fue el encargado de reportar la información del caso a través de los canales institucionales.
El investigador señaló que por un trabajo investigativo del ente se puso al descubierto un entramado criminal que, entre abril y agosto de 2014, presuntamente direccionó seis fallos en favor de particulares que demandaron administrativamente a distintas entidades en Atlántico.
En esa línea, Calderón explicó que desde una oficina de abogados se habría concertado la entrega de dádivas a funcionarios judiciales y de la Procuraduría para tales fines. Y que la investigación da cuenta de varios eventos en los que los procesados habrían intervenido.
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Por ello, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción acusó formalmente a la procuradora delegada del Atlántico Faicy León Mass por los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho impropio; a la asesora del Tribunal Administrativo del Atlántico, María Milagros Navarro Lobo, por cohecho impropio y cohecho propio; y los abogados Victoriano Apolinar Sierra Nerio, Yenny Bustamante Toscano, Yina Paola y Sindris María Benthan Arias, por los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer.
Inicialmente, se conoció que los abogados, al parecer, le dieron 10 millones de pesos a un juez Administrativo de Barranquilla y otra suma a una juez de Sabanalarga a efectos de obtener una rápida y favorable decisión en un caso tramitado en esos juzgados.
De otra parte, se estableció que Navarro Lobo proyectó una sentencia en la que el Tribunal Administrativo de Atlántico ordenó a la Policía Nacional indemnizar a un grupo de personas, decisión que fue avalada por la procuradora León Mass. Al parecer, en estas actuaciones medió la entrega de 12 millones de pesos repartidos entre las dos funcionarias.
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En otro hecho, la servidora del tribunal presuntamente acordó que recibiría 20 millones de pesos para promover un fallo de segunda instancia que declarara responsable a la Policía Nacional por el posible actuar irregular de un uniformado que dejó varias personas afectadas.
Asimismo, se acreditó que la procuradora habría intercedido en el aplazamiento del reparto de una decisión de segunda instancia, de tal manera que el expediente llegara a un juzgado que beneficiara los intereses de varios recicladores, representados por los abogados acusados y que pedían no ser desalojados de un área de espacio público en la zona portuaria.
Finalmente, la procuradora y los abogados ofrecieron y entregaron dinero a un funcionario judicial encargado de proyectar o suscribir un fallo de primera instancia. Aquí se acreditó que conocieron la decisión anticipadamente como garantía de que saldría a su favor y así poder desembolsar la suma pactada.
Intervención de Comisión Nacional de Disciplina Judicial
El caso de la Fiscalía se reporta de manera posterior a las declaraciones de la presidenta de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la magistrada Magda Victoria Acosta Walteros.
Recordemos que en diálogo con EL HERALDO la togada señaló que hoy existe una vigilancia permanente en esta zona del Caribe por actuaciones de togados, fiscales y abogados, pero también de otros intervinientes en la cadena encargada de dirimir las controversias jurídicas.
Acosta Walteros sostuvo que la alerta ya se tenía desde hace tres años, fecha en la que se puso en funcionamiento la Comisión de Disciplina, pero recientemente el tema se convirtió en prioridad para este alto tribunal por la expresión lanzada por una magistrada de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Atlántico para hacer referencia a la corrupción judicial en esta zona del país en todos los niveles de justicia: 'Atlántico es el Disney de los estrados judiciales. Aquí tus sueños se hacen realidad'.
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'Y la magistrada lo decía con preocupación porque todo lo que no se pueda en el resto del país se puede conseguir en el Atlántico. Eso desafortunadamente pone en entredicho todas las jurisdicciones en el departamento porque uno dice: ¿pero cómo puede estar pasando eso? Ahí empezamos a revisar los temas', aseguró en su momento.
En específico, Acosta Walteros señaló que hoy existen dos ejes de macro-investigación contra funcionarios y abogados en el departamento que son el robo de tierras y la corrupción judicial.
