Habiendo transcurrido 15 días de audiencias preliminares desde su captura, a Alejandro Hernández Vidal –señalado como el Zar del PAE en Atlántico– le esperan al menos tres días más en la carceleta de la URI antes de conocer su destino transitorio durante el proceso judicial en su contra por supuestas irregularidades en la contratación del Programa de Alimentación Escolar en Atlántico.
A pesar de que estaba programada una audiencia para este viernes, no será sino hasta el lunes de Carnaval que la juez 14 penal municipal con funciones de control de garantías, Diana López, comunicará su decisión ante la solicitud de medida de aseguramiento en centro carcelario que había hecho la Fiscalía, tras imputarle a Hernández Vidal los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, uso de documento falso, falsedad en documento privado y peculado por apropiación en favor propio.
El aplazamiento se hizo por decisión de la juez que, sin ahondar en las razones, fijo para el lunes 24 de febrero, a las 2:00 de la tarde, la fecha y hora de la audiencia de decisión. Cabe destacar que en dicha diligencia también se decidirá sobre la solicitud de la Fiscalía de enviar a la cárcel al sobrino del Zar, Chahee Abauu Hernández, a quien habían señalado de incurrir en los delitos de falsedad en documento privado y peculado por apropiación.
De acuerdo con el abogado Orlando Perdomo, quien hace parte de la defensa de los indiciados, el aplazamiento es una decisión sensata debido a la gran cantidad de material probatorio que entregaron al juez.
'No me parece que sea malo. Nosotros como defensores aportamos una inmensa cantidad de documentos desacreditando lo que ha dicho la Fiscalía, de tal manera que yo pienso que lo mínimo que la juez debe pedir, con honestidad y mesura, es tener tiempo para revisar todo lo que le entregamos', afirmó el abogado.
Asimismo, dijo que –por obvias razones– la expectativa es que se decida no imponer medida de aseguramiento a Hernández Vidal y su sobrino y que en el evento de que la juez considere que hay inferencia razonable de autoría y participación en los delitos que les imputaron, 'que sea la medida menos nociva para el derecho de libertad personal'.
