Dentro de las audiencias concentradas que adelanta la Fiscalía Novena de Justicia y Paz en Barranquilla, esta semana el ente acusador les imputó a diez exparamilitares del Frente Resistencia Tayrona 56 hechos por reclutamiento ilícito de menores y entrenamiento para actividades ilícitas.
La formulación de imputación de cargos en calidad de coautores los realiza la fiscal Zeneida López Cuadrado a los postulados Norberto Quiroga Poveda, Afranio Reyes Martínez, José del Carmen Gelvez Albarracín y Eduardo Vengoechea Mola. A los desmovilizados la Fiscal López les agregó el agravante porque los cuatro hicieron parte de la fuerza pública.
También fueron imputados Édgar Antonio Ochoa Ballesteros, Adán Rojas Mendoza, Nodier Giraldo Giraldo, Daniel Giraldo Contreras, José Daniel Mora López, al igual que Hernán Giraldo Serna, excomandante del frente y quien se encuentra recluido en una cárcel en Virginia, Estados Unidos.
Dentro del patrón de reclutamiento ilícito resultó víctima Edwin Enrique Oviedo Marroquín, quien ingresó al grupo armado ilegal en el 2003, cuando tenía 16 años, y permaneció hasta el momento de la desmovilización en marzo de 2006.
Igual sucedió con Didier Alejandro Ropero Cabañas, quien con solo apenas 14 años de edad fue reclutado en las filas de la organización ilegal. El desmovilizado ingresó a principios de 2004.
Otra víctima de reclutamiento ilícito y entrenamiento para actividades ilícitas fue Marlon Mejía Ayala. Su ingreso al grupo armado ilegal lo hizo en julio de 2000 cuando tenía 15 años, en la vereda Los Cocos, jurisdicción del corregimiento de Quebrada del Sol, en la Sierra Nevada de Santa Marta. Se desmovilizó siendo mayor.
Esta incorporación se hizo mediante la práctica de opción laboral, cuyo modus operandi fue la propagación voz a voz,
A los postulados, la fiscal Zeneida López les imputó además de los delitos de reclutamiento ilícito y entrenamiento para actividades ilícitas, el de trata de personas en la modalidad de trabajos forzados, ya que según la funcionaria, estos mantenían a las personas en contra de su voluntad prestando un trabajo y sin ningún tipo de remuneración.
Ese fue el caso de Cristóbal Duarte Barrios, quien ingresó al grupo a los 16 años, en enero de 2002 en la vereda Quebrada del Sol.
Cada cinco meses, dijo la fiscal, les daban permiso para visitar a las familias, pero un día Duarte Barrios salió y no regresó, se fue para Santa Marta donde duró cuatro meses.
'Relata el desmovilizado que un día se encontró con el comandante de la urbana apodado Pulga quien ya está muerto, este le dijo que tenía que presentarse al comandante porque ya era parte de la organización, se devolvió y lo sancionaron por haber desertado. Lo dejaron nueve meses sin permiso y no le pagaron tres meses de suedo, unos 750 mil pesos', reveló durante la audiencia la fiscal Zeneida López Cuadrado.
