La llamada semana de reflexión y silencio, en vísperas de la primera vuelta presidencial, se está convirtiendo en todo lo contrario. Colombia afronta una nueva escalada terrorista del Eln, responsable de cruentos ataques contra un batallón militar en La Guajira y una patrulla de Policía en Norte de Santander, que dejaron 15 uniformados heridos, mientras otros dos integrantes de la fuerza pública resultaron lesionados por disidencias en Florencia, Caquetá.

En todo caso, estos repudiables hechos violentos no son lo único que intensifica el —de por sí— hostil clima electoral en el país. Cada día se hacen más evidentes las provocaciones, la desinformación, las maniobras políticas o argucias jurídicas, con las que se busca, a manera de estrategia deliberada, estirar las normas hasta el límite de su ruptura. Este escenario tan crítico genera serias dudas acerca del estricto cumplimiento de las garantías electorales que la institucionalidad en pleno, en cabeza del Gobierno nacional, está obligada a salvaguardar.

En el centro de la tormenta aparece, una vez más, el presidente Petro, cuyo discurso público desborda los límites institucionales que la dignidad de su cargo le impone. El jefe de Estado insiste en utilizar su investidura y su poderosa tribuna en la red social X para impulsar, de forma abierta, la candidatura del oficialista Iván Cepeda. Sus mensajes sobre las “familias mafiosas” o alusiones triunfalistas al cierre de campaña del senador en Barranquilla no son opiniones inocentes ni reflexiones filosóficas desligadas de la contienda.

Constituyen intervenciones calculadas en la recta final del proceso. Y aunque el mandatario y sus ministros pretendan escudarse en interpretaciones acomodadas de la ley —según las cuales solo existiría participación indebida en política cuando se pide explícitamente el voto—, lo cierto es que el espíritu de la norma busca impedir justamente que el poder del Estado incline la balanza electoral, como intenta hacer, a pesar de ser funcionarios públicos.

Que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes abra una investigación penal y disciplinaria de oficio por la presunta participación indebida en política de Petro no es un asunto menor, aun cuando la experiencia indique que el caso difícilmente prosperará. Aquí lo realmente grave es el mensaje que queda en la ciudadanía cuando ve al presidente retorciendo reglas o saltándose prohibiciones para actuar como jefe de campaña de un candidato, en vez de ser el árbitro institucional de la democracia que juró defender.

Si las menciones de Petro a favor del aspirante oficialista fueran meras opiniones personales o análisis políticos, Iván Cepeda no podría presentarse como víctima de interpretaciones maliciosas. Sin embargo, la realidad es que convocar a miles de personas en plena veda electoral, aunque sea bajo techo y bajo el artificio de reuniones privadas, como ocurrió en Sincelejo y Montería, contradice abiertamente el propósito de la restricción legal.

El debate sobre si el recinto era cerrado o abierto acaba siendo un sofisma para blanquear una actividad claramente proselitista. Es innegable que cada sector acomoda las reglas a su conveniencia y luego exige indulgencia jurídica para justificar sus excesos. Al final, el daño está hecho porque buena parte del país ya no discute si las conductas son correctas, sino si favorecen o perjudican su causa política: la mitad condena los abusos y la otra mitad los tolera, con tal de vencer en las urnas, lo que acaba retroalimentando la polarización política.

Y justo la verdad es una de sus víctimas. La advertencia de la Registraduría a Petro para que no difunda más desinformación es, en sí misma, un hecho alarmante. Que el registrador Penagos deba pedirle al presidente prudencia ante falsedades sobre el proceso electoral demuestra hasta qué punto se ha erosionado la responsabilidad democrática del poder. Es peligroso que sea el propio presidente quien amplifique sospechas, tergiverse situaciones o alimente narrativas sin evidencia ni pruebas desde su cuenta con millones de seguidores.

La mentira convertida en herramienta política deteriora la confianza en las instituciones e incuba violencias. Así la democracia acaba llegando exhausta a la cita electoral más decisiva de su historia reciente, exigiendo máxima contención y apego irrestricto a la verdad. Ningún sector político debería interferir en las elecciones, mucho menos el Gobierno, llamado a dar ejemplo de respeto institucional. Pero sus reiteradas conductas, empeñadas en desdibujar las fronteras de la legalidad, haciendo campaña y sin la menor voluntad política de corregir este rumbo, lo confirman ya incapaz de distinguir entre Estado, partido y proyecto político.

Lamentable que la reacción institucional sea, como siempre, tardía, débil y tan irrelevante.