Natalia Gutiérrez, presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), y también dirigente del Consejo Gremial, advirtió en la mañana de este martes 24 de marzo que en el país está “a solo 10 días de un deterioro económico sin precedentes”.
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Por medio de un hilo publicado en su cuenta de X, la dirigente se refirió con esto al impuesto al patrimonio para personas jurídicas, alertando que las medidas tomadas por el Gobierno “castigan a las empresas por haber invertido en el país”.
“Colombia está a menos de 10 días de un deterioro económico sin precedentes, si se mantiene el impuesto al patrimonio para personas jurídicas, establecido en el Decreto Legislativo 173 de 2026. Miles de empresas no podrán pagar dicho tributo injusto y terminarán por quebrarse. Por eso debemos diferenciar lo que sería un recaudo eficiente versus este intento de asfixiar al tejido productivo. Gravar de esta manera el patrimonio corporativo castiga a las empresas por haber invertido en el país”, se lee en la primera parte de la publicación de Gutiérrez.
Agregó: “Medidas como estas, afectan directamente a parte del sector empresarial que genera más 3 millones de empleos formales. Por ello, solicitamos respetuosamente a la Corte Constitucional en ejercicio de sus funciones, revisar este tema con la mayor premura posible y suspender el Decreto 173″.
Gutiérrez señala que el choque fiscal de la medida genera tres impactos a las empresas: 1. Asfixia la caja al exigir liquidez en el corto plazo, afectando la operación diaria, 2. Incrementa el endeudamiento costoso destinado únicamente a pagarle a la DIAN, y 3. Es un freno en seco la inversión que tanto necesita el país.
La presidenta de Acolgen también criticó la falta de argumentos del Gobierno para declarar la emergencia económica.
“La Constitución solo permite declarar una emergencia cuando existe una relación directa entre la crisis y la imposibilidad de atenderla por las vías ordinarias. En este caso, esa justificación no se ha demostrado. Por el contrario, todo indica que el Gobierno pretende utilizar la “crisis climática” para cubrir un faltante de $16,3 billones, cuando el punto de partida debería ser la reducción de un gasto público que hoy supera en 2,6 puntos del PIB el nivel prepandemia. No es válido recurrir a tributos excepcionales sin haber agotado primero medidas de austeridad", se lee en la publicación.
