Pese a las imputaciones anunciadas por la Fiscalía General de la Nación, Ricardo Roa se mantiene –al menos por ahora- como presidente de Ecopetrol luego de que la Junta Directiva le diera un espaldarazo.
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“La Junta Directiva hace seguimiento permanente de la anunciada imputación al Presidente de la compañía por parte de las autoridades colombianas. Así mismo, en cumplimiento del deber fiduciario (Ley 222 de 1995, Ley 964 de 2005 y el Código de Buen Gobierno), desde 2024 mantiene la debida diligencia y activó un protocolo que permite realizar una evaluación rigurosa, objetiva y documentada del asunto en mención”, comunicó la estatal petrolera este jueves.
De igual manera, aseguraron que solicitan información a Roa quien mantiene “informada a la máxima dirección” que ya “puso en marcha los procesos internos y las acciones definidas” que evalúa eventuales implicaciones para Ecopetrol.
“La Junta Directiva respeta la presunción de inocencia de Ricardo Roa y su derecho al debido proceso”, precisaron.
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Mencionaron que continuarán con el monitoreo al proceso judicial contra quien fuera gerente de la campaña Petro Presidente “con el fin de tomar de manera oportuna las decisiones que correspondan para salvaguardar el patrimonio de los accionistas y de todos los colombianos y colombianas”.
“Es compromiso de la Junta Directiva garantizar la confianza de los inversionistas y de los grupos de interés, al igual que asegurar la sostenibilidad financiera, los valores y la gobernanza de la empresa”, cerraron.
Ya en días pasados, la defensa de Roa había descartado su renuncia pues “no ha cambiado en ningún sentido la situación jurídica” del procesado “quien mantiene incólume la presunción de inocencia” según dijo su abogado defensor, Juan David León.
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La imputación forma parte de la investigación penal sobre posibles irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, así como en la compra de un apartamento por parte de Roa, que, según la Fiscalía, se habría adquirido por debajo del valor comercial.
Asimismo, de acuerdo con la información oficial, Roa enfrenta dos presuntos delitos: violación de topes de gastos en campañas electorales, tipificado desde 2016 tras la reforma derivada del escándalo de Odebrecht, y tráfico de influencias relacionado con la adquisición del inmueble.
