El Consejo Gremial Nacional, a través de un comunicado, expresó su pleno respeto y respaldo a las decisiones adoptadas en derecho por el Consejo de Estado en el marco del proceso de nulidad contra el Decreto 1469 de 2025 que fijó el salario mínimo para la vigencia 2026, e invitó al Gobierno Nacional a su acatamiento.
En ese sentido, la organización manifestó que en un Estado Social de Derecho, el control jurisdiccional de los actos administrativos constituye una garantía esencial de legalidad, equilibrio institucional y seguridad jurídica, por lo que las providencias judiciales deben cumplirse en sus estrictos términos y dentro de los plazos fijados por las autoridades.
“El salario mínimo es un instrumento de alta relevancia social y económica, por lo que el Gobierno Nacional debe expedir un nuevo acto administrativo con estricta sujeción a la Constitución y a los criterios establecidos en la Ley 278 de 1996, garantizando su debida motivación técnica y jurídica”, detalló el Consejo Gremial.
