Contra el decreto 1469 del 29 de diciembre de 2025, que incrementó en un 23 % el salario mínimo para 2026, se han presentado 16 demandas de nulidad ante el Consejo de Estado entre los meses de enero y febrero.
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Los demandantes solicitan medida cautelar contra el decreto, que fijó en dos millones de pesos el salario mínimo para este año, incluyendo el auxilio de transporte.
Lo que buscan es que el Consejo de Estado declare la nulidad jurídica contra la decisión del Ejecutivo, argumentando posibles impactos económicos y sociales.
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En una de las demandas se solicita la suspensión provisional del decreto y que se establezca un incremento del 11 % mientras el Consejo de Estado toma una decisión definitiva sobre la normativa.
Todas estas acciones legales están siendo estudiadas por la Sección Segunda del Consejo de Estado.
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Entre los demandantes figura la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco), que el 14 de enero anunció que instauró la acción legal contra el decreto.
El gremio alega que el decreto tiene deficiencias legales graves y se aparta de variables obligatorias que establece la ley para definir el salario mínimo, como la inflación, productividad, crecimiento del PIB y participación de los salarios en el ingreso nacional. Asegura el gremio que el concepto de “salario vital”, basado en referentes de la OIT, no es de carácter vinculante.
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La federación también señala que tampoco está claro cómo se pasó de variables que justifican un ajuste cercano al 6,2 por ciento a un incremento de casi cuatro veces esa cifra (23,7 %).
Jaime Alberto Cabal, presidente de gremio, alertó sobre la posibilidad de que se pierdan 772.000 emplaos formales y que se cierren un número alto de micro, pequeñas y medianas empresas.
“No es una discusión contra los trabajadores; por el contrario, serán ellos los más afectados por la inflación que generará esta medida”, dijo Cabal.
