El centro de estudios económicos Anif, manifestó que la crisis fiscal que enfrenta el Gobierno nacional suma un nuevo frente de presión tras el incremento del salario mínimo del 23,7 % para 2026.
Y es que de acuerdo con el centro de pensamiento, esta es una decisión que tendrá efectos profundos sobre las cuentas públicas, ya que más allá del debate laboral, el centro de la preocupación está en el impacto fiscal, especialmente en un contexto de estrechez presupuestal y dificultades para cumplir con la regla fiscal.
En ese sentido, recalcaron que los mayores costos para el Gobierno se reflejarán en mayor pago de pensiones de Colpensiones, aumento en la cobertura del deslizamiento (brecha entre el incremento del mínimo y la inflación) de rentas vitalicias, mayor pago de nómina y menor recaudo de renta de personas jurídicas.
“Los costos fiscales asociados a esos rubros presionan el ya apretado margen del gasto público, lo que dificulta el retorno a las métricas para el cumplimiento de la regla fiscal”, detalló Anif.
Agregan que el mayor golpe fiscal proviene del sistema pensional; punto en el que recuerda que según cifras de Colpensiones, a noviembre de 2025 había 1,85 millones de pensionados, de los cuales el 55,4 % recibe exactamente un salario mínimo y que las pensiones deben ajustarse en la misma proporción que el mínimo, es decir, 23 %, mientras que las superiores solo se incrementan con la inflación, lo que genera una brecha significativa en el gasto.
“Anif estima que el mayor gasto fiscal asciende a $5,8 billones en 2026 frente a un escenario contrafactual en el que el mínimo hubiese crecido 6%. Este rubro concentra la mayor parte del impacto fiscal total y se convierte en el principal canal de transmisión del aumento salarial hacia el déficit”, dijo el centro de pensamiento.
Añaden que para aquellos funcionarios públicos que ganan justo el salario mínimo, su remuneración debe crecer con el incremento decretado por el Gobierno, pues por ley ningún trabajador formal puede ganar menos de ese monto.
“Dado esto, en 2026 el Gobierno tendrá una presión adicional de cerca de $300.000 millones en nómina, respecto del escenario base”, socializó.
Otro de los posibles efectos es la reducción del recaudo del impuesto de renta de personas jurídicas. “Este impacto se deriva de los mayores costos asociados en los pagos de nómina de las empresas de distintas actividades económicas, valor que pueden sumar a sus costos deducibles y que genera una menor renta líquida gravable. Como resultado, encontramos que la reducción en el pago del impuesto de renta del año gravable 2026, que se paga en 2027 se reduciría alrededor de $3,5 billones de pesos de 2025”.
