El Gobierno de Ecuador confirmó oficialmente la imposición de aranceles del 30 % a productos provenientes de Colombia, una decisión que, según el Ejecutivo ecuatoriano, responde a la falta de articulación en materia de seguridad fronteriza. El anuncio fue ratificado mediante un comunicado, luego de que el presidente Daniel Noboa lo adelantara horas antes.
“Hemos hecho esfuerzos reales de cooperación con Colombia, incluso con un déficit comercial que supera los 1.000 millones de dólares anuales. Pero mientras hemos insistido en el diálogo, nuestros militares siguen enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la frontera sin cooperación alguna”, expresó Daniel Noboa.
La disposición entrará en vigencia el próximo 1 de febrero, aunque contempla una serie de excepciones que podrían reducir el impacto para algunos sectores productivos. Entre ellas se encuentran donaciones, efectos personales, ayudas técnicas, además de la comercialización de energía eléctrica y los servicios logísticos asociados a hidrocarburos, los cuales serán gestionados a través del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador.
Desde el Gobierno ecuatoriano insistieron en que la decisión no desconoce la relación histórica entre ambos países. “Ecuador y Colombia mantienen históricos lazos de hermandad y cooperación. No obstante, pese a los diálogos sostenidos y a la insistencia del Ecuador, los mecanismos de control en la frontera colombiana no han resultado efectivos ni suficientes para coordinar una acción frontal y conjunta contra el crimen organizado transnacional, el narcotráfico y la minería ilegal”, indicaron desde el Gobierno.
Asimismo, las autoridades ecuatorianas señalaron que los aranceles se mantendrán hasta que “exista voluntad y compromiso real por parte de la administración de Colombia”.
La medida ha generado preocupación tanto en el Gobierno colombiano como en los gremios empresariales, que advierten un impacto significativo sobre el comercio bilateral.
Por otro lado, el ministro de Minas, Edwin Palma, calificó la decisión como una agresión económica y recordó que Colombia ha respaldado al sistema energético ecuatoriano en momentos críticos, exportando de forma constante hasta 450 megavatios, lo que representó cerca del 90 % de la capacidad de exportación disponible.
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También, Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen —entidad que agrupa a los generadores de energía— advirtió sobre los efectos negativos que la decisión tendría no solo en el sector eléctrico, sino también en otros ámbitos cubiertos por acuerdos comerciales vigentes.
“En el sector eléctrico, Colombia ha sido un socio clave para Ecuador: en momentos críticos, nuestras exportaciones de energía han llegado a representar hasta el 12% de su consumo eléctrico, contribuyendo a la seguridad energética del país vecino”, expresó.
La dirigente gremial, quien además preside el Consejo Gremial Nacional, señaló que el impacto podría extenderse a la balanza externa colombiana, al disminuir los ingresos derivados del comercio internacional.
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“Con estos datos en mente, una tasa del 30 % puede incentivar la sustitución de productos colombianos y traducirse en pérdidas anuales entre USD 250 y 750 millones, es decir, entre 0,5% y 1,6% del total exportado por Colombia”.
