El aumento del 23,7 % del salario mínimo en Colombia, anunciado por el presidente Gustavo Petro, abrió este martes una discusión sobre los alcances del ajuste salarial, el cual los economistas consideran tendrá efectos negativos en la inflación y el gasto público, mientras los políticos la ven como una estrategia del Gobierno a las puertas de un año electoral.
De acuerdo con los gremios, en la mesa tripartita de concertación no se discutió esta cifra de incremento, que afectará las pensiones, transporte, cuotas de viviendas y administraciones de edificios, entre otras.
Al respecto, la Andi señaló en un comunicado: “La Constitución Política de Colombia y la legislación vigente establecen que las discusiones en materia salarial y laboral deben desarrollarse en el marco del diálogo social tripartito, garantizando la participación equilibrada de los trabajadores, los empleadores y el Gobierno nacional. No obstante, como consecuencia de una decisión adoptada de manera unilateral por el Gobierno nacional, se generan riesgos significativos para los hogares colombianos y para la economía del país, particularmente en lo relacionado con el aumento de la inflación y de los precios de múltiples bienes y servicios, el impacto sobre el empleo y las finanzas públicas. La inflación, sin duda, es una de las variables que más afecta a los ciudadanos en condición de mayor vulnerabilidad”.
Así mismo, el presidente de la Federación Nacional de Comerciante, Fenalco, Jaime Cabal, aseguró que la Mesa de Concertación Salarial no fue un espacio de diálogo real: “El anuncio demuestra que la decisión estaba tomada desde el inicio. No hubo concertación, fue una puesta en escena. La Mesa fue una farsa y una burla institucional para el sector productivo”.
Y frente a las afectaciones del sector del comercio alertó que la medida “es pan para hoy y hambre para mañana. Las improvisaciones del Gobierno no las paga el Estado, las paga el pueblo con desempleo, informalidad y carestía”.
Para el sector financiero, Credicorp Capital indicó que se ajustan las proyecciones para 2026 de la inflación de 4,6 % a un rango entre 5,7 % y 6 %, la tasa del Banco de la República de 9 % a un rango entre 10,5 % y 11 %, y de crecimiento y empleo con impacto claramente negativo.
Además, entre los serviciosque podrían aumentar están las cuotas moderadoras, servicios notariales, aportes a la seguridad social, algunos arriendos de espacios no residenciales, vivienda de interés social (VIS), matrículas educativas en colegios y universidades y servicios domésticos.
Uno de los más sensibles se presenta en el sistema de salud, donde las cuotas moderadoras que deben cancelar los afiliados a las EPS subirán de manera proporcional al nuevo piso salarial..En el caso de los cotizantes que perciben menos de dos salarios mínimos mensuales legales vigentes, la cuota moderadora se elevará de $4.700 a $6.800. Para quienes se ubican en el rango de ingresos entre dos y cinco salarios —clasificados en la categoría B— el valor pasará de $19.200 a $26.900. Entre tanto, los afiliados con ingresos superiores a cinco salarios mínimos, correspondientes a la categoría C, deberán asumir un aumento que lleva la cuota de $50.300 a $70.900.
A su vez, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, Asocapitales, encabezada por Andrés Santamaría, explicó que “un incremento del 23 % en el salario mínimo tiene un efecto inmediato en los costos del transporte público. En términos prácticos, estamos hablando de alrededor de $200 adicionales por pasaje, que se suman a los incrementos ya previstos y que deben ser asumidos por las ciudades si se quiere proteger a los usuarios y evitar alzas abruptas en la tarifa”.
Y el impacto es agudo en ciudades intermedias con menor respaldo financiero, como Cali, donde el déficit del sistema MIO obliga a una mayor inversión municipal, o en Medellín, donde se afectan los buses alimentadores y otras operaciones esenciales. En Bogotá, la presión fiscal se traslada al Fondo de Estabilización Tarifaria, mientras que en Cartagena se corre riesgo de desequilibrio financiero en los sistemas de menor escala.
Así mismo, José Ignacio López, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, Anif, sostuvo que el aumento de una cifra de más de 20 % agravará el principal problema del mercado laboral en el país, la informalidad: “Muchas empresas optarán por automatizar o reducir contratación; las más pequeñas, por irse a la informalidad”.
De otro lado, José Andrés Duarte García, presidente de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia, Cotelco, expuso que no solo tendrán que asumir la mano de obra, la cual representa 50 % de los costos operacionales, sino que también se suman cambios graduales desde 2025, como el inicio de la jornada nocturna a las 7 p. m., el aumento de los recargos dominicales y festivos de 80 % a 90 %, y la reducción de la jornada laboral de 44 a 42 horas desde julio del próximo año: “Todo esto impacta a un sector que opera en todo momento, es intensivo en empleo y enfrenta una creciente competencia de la informalidad, que no genera empleo ni cumple las mismas exigencias que las empresas formales”.
Cabe recordar que para el sector educativo, las matrículas en colegios y universidades, especialmente en instituciones privadas, suelen ajustarse tomando como referencia el salario mínimo. Y los servicios domésticos también reflejarán el nuevo escenario salarial, ya que una empleada de servicios generales, que actualmente recibe $47.450 por jornada diaria, pasará a devengar $58.364 con el nuevo aumento.
Demandas ante el Consejo de Estado
El ex ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, propuso demandar ante el Consejo de Estado el polémico aumento del salario mínimo para 2026 dictado por el gobierno del presidente Gustavo Petro en un 23,7 % para que quedara, incluido el auxilio de transporte, en $2 millones.
Restrepo, quien fungió como titular de la cartera económica del expresidente Iván Duque entre mayo de 2021 y agosto de 2022, recordó cómo en 2016 el alto tribunal de lo contencioso administrativo tumbó el decreto con el que el entonces gobierno de Juan Manuel Santos fijó el salario mínimo, al no poder argumentar de manera técnica el porqué del incremento.
Sin embargo, la abogada Carolina Restrepo Cañavera pidió tener mayor precaución jurídica.
En este caso, añadió, “aunque el aumento haya sido un exabrupto, sí hubo motivación formal. El decreto vino acompañado de estudios del Dane, referencias a la inflación, a la productividad y al PIB. Uno podrá criticar la calidad de los fundamentos, pero no se puede decir que el Gobierno omitió el procedimiento legal. En derecho administrativo, eso hace toda la diferencia”.
