La Agencia Nacional de Minería (ANM) negó la prórroga solicitada por Minera de Cobre Quebradona S.A.S. para continuar en la etapa de exploración del título minero ubicado en el departamento de Antioquia, en el noroeste del país.
La decisión fue tomada luego de un análisis técnico, jurídico y social que evidenció la ausencia de avances en la viabilidad ambiental, explicó la ANM en un comunicado.
El título minero de la Minera Quebradona, filial de la multinacional de origen sudafricano AngloGold Ashanti, está en los municipios de Jericó y Támesis.
Desde 2007, la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera ha recibido tres solicitudes de prórroga que suman un periodo de nueve años.
“En esta última solicitud, la cuarta, la ANM encontró que el titular está pendiente de presentar un nuevo Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Dicho trámite se ha mantenido archivado por la ANLA”, añadió la información.
Adicionalmente, el análisis determinó que el título minero está dentro de la Zona de Reserva Temporal, que es un área protegida provisionalmente, generalmente por un periodo de hasta cinco años, para salvaguardar recursos naturales sensibles mientras se realizan estudios exhaustivos que definan su futuro.
Esa figura se usa para evitar actividades que puedan causar daños irreversibles, como la minería, aplicando el principio de precaución.
Con base en estas consideraciones, y tras evaluar las condiciones técnicas, ambientales y sociales, la ANM “resolvió negar la prórroga solicitada, reafirmando su compromiso con el cumplimiento estricto de la normativa ambiental y la estabilidad social del territorio”.
A propósito del tema, en junio pasado, un juez de Jericó dejó en libertad a once campesinos de la zona inmersos en un proceso judicial por oponerse al desarrollo de un proyecto minero en su región.
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“De acuerdo con nuestro mandato, observamos la audiencia penal de los 11 campesinos defensores del medio ambiente en Jericó, Antioquia, donde el juez determinó que no había elementos para mantener su detención domiciliaria”, informó en esa ocasión la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
La decisión adoptada por el Juzgado Promiscuo Municipal de Jericó permitió que los campesinos siguieran en el proceso en libertad, en contraposición al pedido de la Fiscalía que solicitaba prisión domiciliaria y les imputó los delitos de secuestro simple, hurto calificado, daño en bien ajeno y lesiones personales.
Esos cargos se derivan de una demanda de la Minera Quebradona que buscaba desarrollar en Jericó un proyecto que, según los campesinos, afecta la región porque les quita el agua y la vocación agrícola del lugar, según han informado medios locales.
Los delitos imputados por la Fiscalía se remontan a hechos que ocurrieron en 2022 y 2023, cuando habitantes de la región y ambientalistas protestaron contra la posibilidad de que el proyecto minero avanzara.
