En noviembre inicia el debate público sobre el aumento del salario mínimo para el siguiente año, una decisión que tiene efectos directos sobre el poder adquisitivo de los trabajadores, los costos laborales de las empresas y la competitividad de la economía en su conjunto.
En ese sentido, el centro de pensamiento Anif sostuvo que aunque el primer semestre del año comenzó con una leve reducción en la inflación, en los últimos meses se ha evidenciado una nueva aceleración en los precios. Por su parte, afirmaron que la productividad laboral ha mostrado una desaceleración, tanto medida por producto por trabajador como por hora trabajada.
Sobre este tema, resaltaron que un aumento excesivo del salario mínimo eleva directamente las obligaciones del gobierno en pensiones indexadas al Salario Mínimo Legal Vigente (SMLV).
“Se estima que cada punto porcentual adicional en el aumento real del salario mínimo representa un sobrecosto fiscal de 0,24 billones de pesos en el régimen de prima media, generando presiones adicionales sobre las finanzas públicas y reduciendo el margen fiscal disponible para atender otras prioridades sociales. Para dar un ejemplo, con una inflación proyectada de 5,34 % y un crecimiento de la productividad laboral de 2,2 %, el aumento de referencia del salario mínimo, equivalente a 7,54 %, implicaría un sobrecosto fiscal cercano a 0,5 billones de pesos solo en el régimen de prima media. Sin embargo, si el incremento del salario mínimo alcanzara el 10 %, el impacto fiscal ascendería aproximadamente a 1,12 billones de pesos.”, precisó Anif.
Agregaron que la estrechez fiscal exige prudencia en la negociación del salario mínimo. “Un aumento desproporcionado no solo podría generar mayores presiones sobre el déficit público, sino también afectar la formalidad laboral e intensificar las presiones inflacionarias”.
