La Asociación Colombiana de Minería (ACM) manifestó su “profunda preocupación” y rechazo al proyecto de “Ley Minera para la Transición Energética Justa, la Reindustrialización Nacional y la Minería para la Vida”, radicado por el Gobierno nacional en el Congreso de la República.
Alega que la nueva ley minera “excluye la iniciativa privada en el desarrollo futuro del sector. Bajo este esquema, la actividad minera será adelantada principalmente por empresas estatales y solo se permitirá la vinculación de terceros cuando su desarrollo sea imposible para el Estado”.
“Este proyecto establece un modelo estatizado y centralista de la minería, que limita de manera significativa la libertad de empresa y que propicia un monopolio estatal. De expedirse, el sector minero quedará sumido en una parálisis sin precedentes, pues no habrá desarrollo minero empresarial, dejando a los territorios expuestos a la explotación ilícita de minerales, en manos de organizaciones criminales, con las consecuencias sociales y ambientales que esto acarrea”, asegura Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería.
En ese sentido, agregó que el proyecto va en contravía del desarrollo minero, pues multiplica las áreas de exclusión y restricción de manera indiscriminada, incluso se impide las operaciones en zonas que hoy son compatibles con la minería, provocando una expropiación indirecta sobre los títulos mineros vigentes.
Igualmente, queda explícita la prohibición absoluta de la exploración y explotación de carbón térmico, sin ningún plan, sin rigor técnico, sin análisis de impactos sociales, fiscales o energéticos. ¿Cómo piensa sustituir el Gobierno los empleos y aportesfuturos generados por el carbón, con los cuales se financia la Nación y los entes territoriales?. A la fecha, no existe una hoja de ruta para la transición energética que garantice los derechos de quienes se dedican a esta actividad.
“Esta no es una Ley Minera, es una Ley anti-minera, porque no promueve el crecimiento del sector, por el contrario, lo debilita. Porque vulnera la libertad de empresa, la iniciativa privada y la libre competencia. Valores constitucionales que deben ser respetados por cualquier ley de la República”, recalcó Nariño.
El proyecto de ley otorga a la Autoridad Minera una peligrosa discrecionalidad para decidir dónde y bajo qué condiciones podrá desarrollarse la minería, sin criterios claros. Igualmente, pretende que se le asignen funciones al Ejecutivo que corresponden al Congreso de la República, evadiendo el debate plural y democrático sobre asuntos esenciales como la participación ciudadana y la coordinación con las entidades territoriales.
“Una ley de esta trascendencia, que busca redefinir las reglas de juego para toda una industria, para todo un país, no puede ser elaborada sin escuchar a quienes la desarrollan de manera legítima en el territorio”, concluye Nariño.
