Si el presidente Gustavo Petro asume las facultades regulatorias de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), se estaría vulnerando la institucionalidad del sistema, la ejecución de proyectos, las inversiones necesarias para garantizar el abastecimiento de electricidad del país, así como la calidad del servicio de gas y electricidad para todos los colombianos.
{"titulo":"Las prioridades del Gobierno en la Costa para estos cuatro años","enlace":"https://www.elheraldo.co/politica/los-proyectos-del-gobierno-de-gustavo-petro-para-la-region-caribe-977943"}
Así lo aseguran 15 ex ministros de Minas y Energía, dos viceministros de Energía y varios ex comisionados de la Creg en una carta enviada al mandatario en la que afirman que los desarrollos legales contenidos principalmente en las leyes 142 y 143 de 1994, se ha elaborado el marco regulatorio colombiano dentro de los más altos estándares técnicos; incorporando elementos que han surgido de amplios debates públicos entre el sector empresarial, gobierno y usuarios; así como los eventos que han afectado al sector.
Indican que la regulación, en los últimos 30 años, ha permitido logros contundentes en materia de cobertura, calidad, suficiencia y confiabilidad.
Destacan que el sector energético cuenta con una matriz de muy bajas emisiones de gases efecto invernadero y con importantes indicadores de equidad y solidaridad.
Además, tiene la suficiencia que permite aumentarlos subsidios destinados a los colombianos de menores ingresos y contar con fondos públicos para aumentar la cobertura del servicio en zonas rurales alejadas.
'Las billonarias inversiones que se han ejecutado en este tiempo, en toda la cadena de energía y gas, se han efectuado, creyendo en un marco vigente, por agentes de diferente naturaleza. Estas han garantizado el abastecimiento inclusive, enfrentando adversidades de todo tipo', señalan.
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Recuerdan que durante las últimas tres décadas, los distintos gobiernos han intervenido el sector eléctrico dando direcciones de política desde el Ministerio de Minas y Energía, pero manteniendo la responsabilidad regulatoria en la CREG; en ningún caso remplazándola y dentro del marco institucional del cual el gobierno hace parte a través de los ministerios de hacienda, minas y energía, así como del Departamento Nacional de Planeación y el acompañamiento de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
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'Alterar este marco podría deteriorar la confianza de todos los agentes del sector y poner en riesgo las futuras inversiones necesarias para garantizar la cobertura y calidad en la prestación del servicio a los colombianos', afirman en la carta.
Añaden que de acuerdo con las agencias internacionales encargadas de monitorear los fenómenos climáticos, se ha incrementado significativamente la probabilidad de ocurrencia del fenómeno de El Niño (sequias) durante el segundo semestre de este año. Adicionalmente, la CREG, en sus últimas proyecciones de demanda y oferta, contempla un déficit de energía a final del año 2027.
Para superar este déficit, dicen que el sector espera la convocatoria de una subasta de expansión en generación y así cumplir con los tiempos que exigen estos proyectos en su ejecución.
'Afrontar eficientemente estos riesgos requiere de millonarias inversiones de largo plazo que dependen de la confianza que tengan los diferentes agentes en el arreglo institucional del sector', señalan.
Reiteran que el patrimonio institucional del sector energético colombiano no pertenece a un gobierno en particular y que ha sido construido durante décadas por centenares de funcionarios públicos.
Hacen un llamado a abordar los desafíos de manera colectiva construyendo consensos dentro de la institucionalidad vigente, pues una irrupción súbita, alterando dicha institucionalidad, no ofrece ninguna ventaja para lograr las reformas necesarias y al contrario, como lo hemos descrito, pone en riesgo el sostenimiento de un sector que ha sido exitoso en su desarrollo.
