El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó un nuevo acuerdo por dos años a favor de Colombia en la Línea de Crédito Flexible (LCF) por un monto en Derechos Especiales de Giro (DEG) que equivale a cerca de USD9.800 millones.
Este acuerdo reemplazará el anterior, aprobado en 2020 y será considerado por las autoridades colombianas como una línea de financiación de carácter precautorio para enfrentar riesgos externos.
La LCF es una facilidad creada por el FMI exclusivamente para países con fundamentos económicos muy fuertes y marcos institucionales de política económica sólidos.
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Su objetivo es proveer un instrumento que facilite el acceso a liquidez inmediata a los países beneficiarios ante un escenario de riesgos extremos de carácter externo.
Adicionalmente la LCF funciona como un sello de calidad ante la comunidad internacional, pues tener acceso a esta facilidad confirma que existe un marco de política económica muy sólido.
Por la misma razón, el acceso la LCF no conlleva condicionalidad alguna sobre las políticas macroeconómicas del país.
Este nuevo acuerdo complementa la disponibilidad de liquidez externa del país, constituye un seguro contra los riesgos externos y mantiene la confianza de los agentes en la economía colombiana.
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Los riesgos externos asociados con un alto nivel de incertidumbre por cuenta de factores geopolíticos y por el endurecimiento de las condiciones financieras internacionales resaltan la importancia de mantener unos niveles adecuados de liquidez externa.
La reducción en el acceso del nuevo acuerdo por parte de Colombia por un monto equivalente a 350% de la cuota, frente a los 417% que se mantenían con fines precautorios del acuerdo de 2020, va en línea con una disminución esperada de las vulnerabilidades externas, la reducción en los riesgos asociados con la pandemia y con el compromiso de las autoridades colombianas de reducir gradualmente el acceso a dicha facilidad a medida que los riesgos externos disminuyen.
El FMI considera que Colombia continúa cumpliendo los criterios para acceder a esta línea de crédito y resaltó la solidez de su marco institucional de política, particularmente un sistema de inflación objetivo con una alta credibilidad, la existencia de un marco de política fiscal anclado en la sostenibilidad de la deuda pública, así como la presencia de una supervisión y regulación financiera eficaces.
