Me pregunta un grupo de amigos si es legitimo o no que las autoridades inciten a sus ciudadanos a que infrinjan la ley. El interesante interrogante ha surgido, obviamente, a propósito de la captura de la semana pasada de un fiscal de apoyo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

En efecto, un pobre diablo llamado Carlos Julián Bermeo fue aprehendido cuando recibía fajos de dólares en un hotel del norte de Bogotá. Hasta ahí todo normal. La polémica ha radicado en que, con ocasión del proceso de extradición en contra del narcoterrorista de las Farc Jesús Santrich, un agente encubierto de la Fiscalía General de la Nación hizo que Bermeo y otras cuatro personas mordieran su anzuelo.

Los cinco, incluidos Bermeo y el exsenador Luis Alberto ‘el Tuerto’ Gil, fueron arrestados con las manos en la masa. Eso fue el viernes 1 de marzo. Pocos días después nos vinimos a enterar de que el agente encubierto de la Fiscalía General contactó a Bermeo y compañía, y les hizo creer que la delincuencia tenía para ellos dos millones de dólares. Su misión: ayudar a detener el proceso de extradición a Estados Unidos de Santrich por narcotráfico.

Que una sociedad decente quiera probar si sus ciudadanos son o no ciudadanos correctos no está bien. Nadie quiere defender ni a Bermeo ni ‘al Tuerto’ Gil, pero que a los dos les hubieran tirado dos millones de dólares “envenenados” es otro cuento.

Tenemos que partir de la presunción de inocencia que gozan todos los ciudadanos. Y las autoridades sí que tienen que hacerlo. Que a un hombre que le gusten demasiado las mujeres le manden a su cuarto una reina de belleza para ver si cae es un asunto bien complejo y hasta difícil de digerir. Todavía recuerdo que a un coronel del Ejército que estaba en el Bloque de Búsqueda contra el cartel de Cali le metieron una mujer a su cama. El pobre hombre cayó redondito. Los narcos del Valle lo grabaron en la intimidad con la mujer que ellos le habían mandado. El video después se hizo público y el entonces oficial se metió en la grande en su institución y sobre todo en su casa.

Conocemos, igualmente, el caso de un exfiscal general que fue víctima de una trampa parecida a la del coronel del Ejército. Los narcos le metieron en su oficina como secretaria a una prepago. El pobre viejo se creyó sexi y dio por descontado que la voluptuosa mujer andaba detrás de él por su figura. Entonces para quitarse años, el pobre fiscal se tinturaba las canas y hasta se metió al gimnasio. En realidad, daba pena verlo con bríos de un muchacho de 20.

Las dos historias anteriores, ciertas por demás, fueron ordenadas por el narcotráfico. Desde luego, nadie puede esperar nada bueno de los delincuentes. Pero que el Estado sea quien promueva al delito  eso sí es reprochable. Quien se porta como un bandido, es porque es un bandido. ¿O no? Doy por descontado que la Fiscalía General se enteró de que Bermeo era atravesado y que tenía nexos con ‘el Tuerto’ Gil, quien sí es un jugador de las grandes ligas de la delincuencia. Entonces empezó a picarle arrastre a Bermeo, entre otras, con mucho dinero. Y Bermeo cayó. Y el Tuerto Gil también. Esperaremos  ahora la decisión del Juez  que tiene  a cargo este proceso, decisión que será ajustada a derecho, pues confío plenamente en nuestra judicatura.