Esta semana viví una situación que, aunque ya fue puesta en conocimiento de las autoridades, considero importante contar. No solo por mí, sino por tantos colegas que sé que atraviesan situaciones similares y muchas veces guardan silencio. Un equipo experto me confirmó que mis conversaciones estaban siendo interceptadas ilegalmente. Por supuesto que me preocupé. Pero lo más grave es que, en el fondo, no me sorprendió.

Porque quienes ejercemos la defensa penal sabemos que, en ocasiones, defender se convierte en un acto incómodo para muchos sectores. Sabemos lo que significa recibir amenazas, ser estigmatizados públicamente o cargar con el absurdo señalamiento de que el abogado es igual a su cliente. Sabemos también lo frustrante que resulta denunciar estas situaciones y ver cómo muchas terminan archivadas con rapidez, como si amenazar o perseguir a un abogado defensor fuera un asunto menor, pero no lo es.

Cuando se persigue a un abogado defensor, no se afecta únicamente a una persona o a una profesión. Se afecta directamente el derecho a la defensa, que es una garantía fundamental en cualquier Estado de derecho. Porque el mensaje que se envía es peligroso: defender tiene consecuencias. Y cuando el miedo entra en el ejercicio profesional, la justicia empieza a perder equilibrio.

Durante años hemos normalizado demasiadas cosas. Hemos normalizado que al abogado penalista se le ataque por ejercer su labor. Hemos normalizado que se confunda la defensa con complicidad. Hemos normalizado que existan interceptaciones ilegales, seguimientos o amenazas que rara vez avanzan en investigaciones serias. Y quizá lo más preocupante es precisamente eso: que ya no sorprenda, pero no podemos acostumbrarnos.

La defensa penal no es una vergüenza, ni una actividad sospechosa. Es una de las labores más difíciles y, al mismo tiempo, más necesarias dentro de una sociedad democrática. Porque detrás de cada proceso hay seres humanos, familias enteras destruidas por el miedo, por el señalamiento o por la incertidumbre. Y pocas cosas se comparan con la satisfacción de lograr la libertad de una persona injustamente privada de ella o devolverle tranquilidad a alguien que llevaba años cargando el peso de una investigación. Eso también es justicia.

Por eso hoy, más que nunca, les digo a mis colegas defensores que no podemos rendirnos. Que debemos denunciar. Que debemos acudir no solo a las autoridades nacionales, sino también a instancias internacionales cuando sea necesario. Y, sobre todo, que debemos defender la dignidad de nuestra profesión con la misma firmeza con la que defendemos los derechos de nuestros clientes.

@CancinoAbog