Hace unas semanas, a través de estas mismas líneas, advertimos sobre un riesgo que empezaba a volverse costumbre: el uso excesivo de mecanismos excepcionales por parte del gobierno de Gustavo Petro, en especial a partir del decreto de emergencia económica. Dijimos entonces que gobernar por decreto no podía convertirse en la salida automática cada vez que el Congreso no acompañara una iniciativa, y pusimos nuestras esperanzas en la decisión que debía tomar la Corte Constitucional.
Esa respuesta llegó esta semana. Y su mensaje fue claro: los estados de excepción no son un comodín político, ni una herramienta para presionar al Congreso. Son, como su nombre lo indica, excepcionales. La discusión nunca fue si el país enfrenta dificultades económicas, porque claro que las enfrenta, sino si esas dificultades eran realmente sobrevinientes, imprevisibles y de tal magnitud que justificaran desplazar las funciones del Congreso de la República. Y ahí es donde el argumento del Ejecutivo empezó a hacer agua. Los problemas fiscales, el endeudamiento y las tensiones presupuestales no aparecieron de la noche a la mañana. Eran conocidos, advertidos y debatidos. Lo que no se logró fue el respaldo político suficiente.
En la democracia, gobernar implica negociar, ceder y escuchar. No todo desacuerdo es una obstrucción, ni toda negativa del Congreso es una traición al país. Convertir cada diferencia política en una supuesta “emergencia” termina vaciando de contenido la excepcionalidad y debilitando los contrapesos que sostienen el sistema.
La Corte cumplió su papel. Hizo lo que le corresponde en un Estado social de derecho: ejercer control, poner límites y recordar que el poder no es absoluto. Ahora le corresponde al Gobierno leer el mensaje sin victimizarse, sin buscar culpables y sin insistir en una narrativa de bloqueo permanente. Gobernar no es imponer, y mucho menos gobernar solo. Las emergencias no pueden convertirse en una coartada para concentrar poder ni en una forma elegante de saltarse los contrapesos.
Porque al final, la democracia no se defiende con decretos, sino con reglas claras y respeto por las instituciones. Y cuando el estado de excepción deja de ser excepcional, lo que realmente entra en riesgo como siempre lo hemos advertido, no es la economía, sino la democracia misma.
Los colombianos estamos cansados. Cansados de gobernar desde la urgencia permanente, de que cada desacuerdo se convierta en crisis y de que los límites institucionales se presenten como estorbos. La Corte cumplió su función y dejó un mensaje claro: en democracia, el poder tiene fronteras.
@CancinoAbog
