Esta columna no es un déjà vu. Por más increíble que parezca, hasta hace tres días, por fin se ordenó el desbloqueo el PAC para permitir el pago a los defensores públicos por su labor, después de estarlo reclamando por varias semanas y de que se denunciara en distintos medios de comunicación. Aunque es un alivio, la verdad es que es una angustia que no debió existir. No nos engañemos, que el Estado desbloquee recursos para pagar honorarios atrasados no es una buena noticia; es apenas la corrección tardía de un abandono injustificable. Es absolutamente reprochable que quienes garantizan el derecho a la defensa, uno de los pilares del debido proceso, tengan que pasar meses esperando lo que ya trabajaron.
Los defensores públicos sostienen el sistema con su propio sacrificio. Cargan decenas de procesos, recorren territorios olvidados, atienden cárceles hacinadas y asumen casos complejos sin los recursos mínimos. Lo hacen por vocación, sí, pero la vocación no paga arriendo, ni mercado. Que el pago dependa de trámites presupuestales que se traban una y otra vez es una falta de respeto con la defensa y con la misma sociedad que requiere de estos servicios.
Junto con el pago, hay que hablar de garantías reales. No puede ser que se les convierta, de facto, en suplentes de la defensa contractual, imponiéndoles más carga y disponibilidad de tiempo bajo figuras que ni siquiera existen en la ley. Tampoco puede normalizarse el uso de compulsas de copias a diestra y siniestra cuando reclaman garantías, cuando se cruzan audiencias o cuando incomodan. Defender no puede ser un riesgo personal.
Este momento debería servir para algo más que apagar el incendio. Es la oportunidad de abrir una evaluación seria de su remuneración, que hoy es baja para la responsabilidad que asumen y, además, la menor entre los sujetos procesales. Si el defensor público es el extremo peor remunerado del sistema, ¿de qué igualdad de armas estamos hablando? Esta, quedó en los libros y en la ley; no en los estrados. Allí, la defensa pública compite en desventaja estructural, con menos recursos, más carga y mayores riesgos. Y cuando el Estado falla en respaldarla, no falla solo con un grupo de profesionales; falla con los ciudadanos que dependen de esa defensa para no quedar a merced del poder punitivo.
Se deben garantizar los pagos oportunos, las condiciones dignas, el respeto por su rol y un rediseño real de su remuneración y cargas. Defender derechos no puede seguir siendo un acto heroico. En un Estado social de derecho, debería ser una tarea protegida, reconocida y respaldada.
@CancinoAbog
