Apenas han transcurrido 68 días de 2026 y la violencia de género ya se ha cobrado la vida de 18 mujeres en el Atlántico. Esta alarmante persistencia de hechos criminales nos pone de frente ante una realidad estremecedora que, pese a las reiteradas advertencias, aún no recibe una respuesta institucional proporcional a su extrema gravedad. Los nombres de las víctimas, registrados uno a uno por EL HERALDO —adolescentes, jóvenes, madres e, incluso adultas mayores— se suman a un infame listado que no para de crecer en el departamento y que confirma la diversidad de contextos en los que ocurren tan repudiables expresiones de violencia, desde ajustes de cuentas de estructuras criminales hasta retaliaciones por conflictos personales de sus familiares, pasando por, al menos, un feminicidio confirmado.

Detrás de cada caso se descubren rostros, afectos, historias truncadas abruptamente, hogares destrozados que, además del duelo o la impotencia, enfrentan el desasosiego por investigaciones que discurren con indolente lentitud o que directamente quedan atrapadas en la impunidad. Esa es una de las mayores preocupaciones de organizaciones y colectivos de mujeres del Atlántico, que alertan, y con razón, de la dimensión estructural del problema.

En 2025 fueron asesinadas 43 mujeres en el Atlántico, 11 de ellas en episodios asociados a violencia ejercida por sus propias parejas. Cifras lamentables que, lejos de ser aisladas, muestran un patrón que combina múltiples causas o factores de riesgo. En algunos casos, la expansión de economías ilegales y el control territorial de grupos delictivos que exponen a las mujeres a venganzas cruzadas. En otros, la violencia machista se manifiesta dentro del ámbito doméstico. Pero más allá de las circunstancias particulares, en todos subyace una constante: la vulnerabilidad de las víctimas y la debilidad de mecanismos para protegerlas.

Esa es quizá la herida más profunda que dejan estos crímenes de género. Para quienes la violencia les ha arrebatado una hija, una hermana o una madre, la aflicción se mezcla con la angustia de no encontrar respuestas claras ni avances contundentes en los procesos. Con frecuencia, los familiares de las víctimas levantan su voz para reclamar verdad, justicia y acompañamiento institucional. Sin embargo, lo que encuentran, según nos relatan, es un sistema fragmentado e incapaz de prevenir casos similares, que adicionalmente retrasa que se imparta justicia y al que le cuesta transmitir la certeza de que cada caso será esclarecido.

Ese vacío resulta peligroso. Cuando los crímenes contra las mujeres no se investigan con rigor, cuando la justicia se dilata o las familias sienten que su sufrimiento no es escuchado, el mensaje de tolerancia judicial y social frente a la violencia que se proyecta hacia la sociedad es profundamente equivocado. Así las cosas, la impunidad alimenta la percepción de que delitos como estos pueden emularse sin consecuencias reales para los victimarios.

También es cierto que la violencia de género no puede abordarse solo desde la respuesta policial o judicial. Afrontamos una crisis estructural que atraviesa la salud, la educación, la economía o las políticas públicas. Se requiere una respuesta institucional más firme, coordinada y visible que garantice celeridad en las investigaciones, sanciones ejemplares y acompañamiento integral a las familias. La protección de las mujeres no es solo un desafío de seguridad pública, se convierte en una obligación fundamental del Estado, al margen de las administraciones de turno, debido a que es un indicador de la calidad de la democracia.

La violencia machista es, en última instancia, la expresión más brutal de una desigualdad que continúa atravesando al departamento. Mientras esa brecha persista, será imposible avanzar plenamente hacia la equidad en otros ámbitos. En el mercado laboral, por ejemplo, las mujeres del área metropolitana de Barranquilla están hoy mejor preparadas que los hombres, pero enfrentan más altas tasas de desempleo, informalidad y menores ingresos.

La segregación ocupacional y la sobrecarga del trabajo de cuidado no remunerado limitan su acceso posible a empleos de calidad y bien pagados. Sin autonomía ni empoderamiento económico, víctimas de violencia de género seguirán atrapadas en ambientes tóxicos que ponen en riesgo no solo su integridad personal, también la de sus hijos y demás familiares.

La defensa de la igualdad, relegada en ciertos contextos sociales, no debe entenderse como una consigna ideológica de cada 8 de marzo. Como un principio democrático y un asunto de derechos humanos, todos —sin distingo alguno— tenemos que abrazarlos. Garantizar la seguridad de las mujeres, facilitar su acceso a la justicia y cerrar brechas socioeconómicas que restringen sus posibilidades de vida digna no pueden encasillarse como demandas sectoriales, cuando en verdad son condiciones indispensables para una sociedad más justa.

Cada mujer asesinada representa una ausencia irreparable y un fracaso colectivo. Permitir que sus crímenes permanezcan en la penumbra de la impunidad equivale a aceptar que la violencia contra las mujeres sea un hecho inevitable, en vez de una causa de indignación permanente. El reto exige mayor responsabilidad de todos los actores públicos. El Atlántico está en mora de proclamar que ninguna vida arrebatada quedará sin respuesta. La justicia no puede ser una promesa lejana para las familias que lloran a sus víctimas. Si no se acelera la respuesta institucional y se desmontan tantos prejuicios que minimizan las violencias, la promesa de igualdad continuará siendo una tarea pendiente. Solo así será posible honrar la memoria de las mujeres que ya no están y evitar que nuevas tragedias vuelvan a repetirse.