Todos somos conscientes de la tensión que ha generado en el país el gobierno del cambio con la propuesta de implementar una reforma laboral que, según el presidente de la república, permitiría mejorar las condiciones de los trabajadores colombianos. El objetivo de la reforma es obtener la protección de los “explotados trabajadores”, según el mandatario, de la señora de los tintos, del obrero de la construcción, de los más necesitados. Son patéticos los argumentos del presidente para defender popularmente la tesis que da piso a una reforma que ha generado un candente debate político. En la realidad, los trabajadores, lo que necesitan, es mantener sus empleos. Las propuestas de la reforma tienen como propósito cambios como la implementación del contrato a término indefinido, la modificación a la jornada laboral y protección a los empleados.
Mientras tanto, el estado colombiano ha sido, pública y sistemáticamente, el transgresor más grande de los derechos de los trabajadores. Por décadas se ha implementado en todos los niveles del estado la práctica de la contratación por orden de prestación de servicio (OPS), como una costumbre política para conseguir una lealtad de los militantes en favor del gobernante de turno; la concesión de una, o de más de una OPS, ha sido la salvación para muchos ciudadanos y la única forma de recibir ingresos.
Quien obtiene una OPS queda en deuda con quien le ayudó a obtenerla o se la entregó. Para un alto porcentaje de plazas nombradas por orden de prestación de servicio (OPS) no aplica la meritocracia, y muchas veces no se tiene en cuenta la idoneidad del contratado. Estas nóminas paralelas por periodos cortos, propician la corrupción, el tráfico de influencias y de paso perjudica a los vinculados, dada la inestabilidad laboral; sin contar que es de público conocimiento la práctica de descontar una parte del pago como colaboración para apoyar al político a quien se le atribuye la orden de prestación de servicios.
Las ordenes de prestación de servicio OPS son nominas paralelas, manejadas a dedo, puestos políticos para pagar favores o para fortalecer la militancia de los partidos; pagadas con dineros públicos.
Las OPS o nóminas paralelas deben desaparecer del estado colombiano. Una verdadera reforma a la ley laboral en beneficio de los trabajadores, debe tener como objetivo principal la abolición de la contratación por OPS.
Hoy el populismo y la mediocridad del gobierno del pacto histórico pretenden imponer la panacea en política y la reforma laboral que no tiene puntualmente la abolición de la contratación por medio de las órdenes de prestación de servicios OPS será un saludo a la bandera, suerte con el futuro de los trabajadores y de las empresas.!
@lavozdelderecho
