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Carlos Pérez Alarcón, presidente de la Sala Penal de Justicia y Paz del Tribunal de Barranquilla.
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“Si cumple los requisitos, Mancuso podría quedar en libertad”

Habla el magistrado Carlos Pérez Alarcón, presidente de la sala de Justicia y Paz de Barranquilla, sobre los sistemas de justicia transicional.

Desde el año 2005, la implementación de la Ley de Justicia y Paz en Colombia ha permitido la reducción de las penas para los paramilitares desmovilizados que confiesen sus crímenes. De los más de 30.000 paramilitares que se desmovilizaron oficialmente, 4.000 han intentado obtener penas menos severas a cambio de una confesión. 

Tal es el caso de Salvatore Mancuso  —el exjefe paramilitar que fue extraditado a EE. UU. en 2008— y que, según su defensa, estaría interesado en contar la verdad del conflicto en el que fue actor en busca de esos beneficios. ‘Mono’, como también se le conoce, ya completó su condena por narcotráfico en ese país por lo que su retorno a Colombia sería pieza clave que ayudaría a develar la verdad sobre cientos de crímenes.

Su caso junto a los de otros 100 comandantes están en conocimiento de la Sala Penal de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla, y para conocer cómo van estos procesos  EL HERALDO habló con el actual presidente de la Sala, Carlos Pérez Alarcón, quien entregará la presidencia el próximo 31 de enero.

El magistrado que ejerce su cargo en propiedad es especialista en Derecho Constitucional y Procesal y magíster en Derecho Procesal. Actualmente cursa un doctorado en Derecho Procesal Contemporáneo en la Universidad de Medellín. Fue por concurso de méritos fiscal seccional, juez del circuito y procurador judicial II.  Su carrera judicial ha concurrido con el ejercicio de la docencia universitaria tanto en pregrado como en posgrado.

P.

¿Cuántos procesos lleva la Sala en la actualidad?

R.

Nuestros procesos no pueden contabilizarse en un número de expedientes como ocurre en los juzgados ordinarios, sino en miles de hechos, en cientos de procesados o postulados y en miles de víctimas. En la actualidad estamos tramitando alrededor de 32.000 hechos relacionados con la macroimputación de Salvatore Mancuso Gómez. Eso se traduce en macro-crímenes cometidos en los departamentos del norte del país con la participación de centenas de procesados. Esto involucra no solo el aspecto penal, que es importante, sino el civil, que guarda relación con la reparación.

P.

Precisamente, ¿cómo va el proceso de Salvatore Mancuso?

R.

El caso se tramita como la macroimputación de Salvatore Mancuso. Con relación a él, desde mayo de 2019 logramos destrabar el proceso, tuvimos muchas dificultades debido a que no había un convenio entre gobiernos  para conexiones virtuales, lo cual hizo que los asuntos quedaran estancados. Si no se hubiese tenido ese inconveniente, de seguro muchas sentencias ya se hubieran proferido, adicionales a las que ya tiene en su contra, que son dos emitidas por el Tribunal de Bogotá.

P.

Una vez que se logró destrabar el caso, ¿qué se ha logrado?

R.

Se ha logrado evacuar gran parte de las peticiones de imputación que la Fiscalía venía solicitando desde el año 2015. Se ha evacuado un grupo importante de hechos de los Montes de María, de los diferentes bloques que ejercieron control en Magdalena y Cesar. Algunos de esos casos ya están en la Sala de Conocimiento en el trámite de legalización de cargos y cuantificación de perjuicios, y como son procesos muy grandes es imposible llevarlos en un mismo momento o en un mismo radicado, entonces lo que hemos hecho  es clasificarlos por bloques o por frentes, según el área de influencia geográfica, y hemos ido tomando los hechos y los tramitamos para que las víctimas sean visibles.

P.

¿Hasta cuándo se tienen programadas las audiencias de Mancuso?

R.

Desde que logramos destrabar el caso de él hemos realizado audiencias, aun en medio de la pandemia,  concretamos audiencias de imputación varias semanas por mes y el asunto judicialmente ha venido avanzando. De hecho tenemos programadas audiencias hasta el 2024.

P.

¿Qué sería lo primero en hacerse una vez que Mancuso llegue al país?

R.

El caso sigue como ha venido marchando. El señor Mancuso siempre ha estado dispuesto a cooperar con las autoridades judiciales. Desde que se iniciaron las conexiones virtuales siempre ha estado presente. Lo único que cambiaría es que no estaría en EE. UU., sino en Colombia, lo que beneficiaría las audiencias debido a que tenemos serias restricciones en las conexiones, normalmente lo conectan hasta el mediodía; ya teniéndolo en el país permitirá que las diligencias evolucionen más rápido. 

P.

¿Hay posibilidades de que Mancuso quede en libertad?

R.

Si se cumplen los requisitos sí puede pasar. El objetivo de los sistemas de justicia transicional es que haya reconciliación y que los actores del conflicto armado realmente arrepentidos se reintegren a la sociedad y apoyen actuaciones que aporten a la no repetición. El país debe estar preparado para ese escenario. Él podrá acceder a una libertad especial como la que regula la Ley de Justicia y Paz, pero depende de la demostración de la plenitud de requisitos legales, por ejemplo, haber tenido buena conducta en la cárcel, haberse sometido a procesos educativos y no haber delinquido después de la desmovilización. Ya el Tribunal ha dicho que el tiempo que Mancuso pagó en EE. UU, debe tenerse en cuenta en Colombia, porque el narcotráfico, delito por el que fue extraditado, fue insumo del paramilitarismo, incluso así lo ha declarado la Corte Suprema de Justicia.

P.

En el caso de Hernán Giraldo, ¿cómo sería el proceso con él?

R.

En contra del señor Giraldo la situación ha sido también complicada por la misma dificultad para lograr las conexiones para las audiencias virtuales. Solo hasta el año 2019 logramos solventar esas situaciones. En la actualidad él tiene una sentencia ejecutoriada dictada por la Sala de Conocimiento y, además, el año pasado la Fiscalía le formuló unas imputaciones por tres procesos que generaron que la Sala de Justicia y Paz dispusiera librar orden de captura con notificación roja de Interpol y activar trámite de extradición. Ese panorama hace que tan pronto llegue al país tenga que estar privado de la libertad y tenga que continuar con la asistencia a los procesos. La Sala impuso tres medidas de aseguramiento dada su autoría en 339 crímenes de guerra llevados a cabo entre 1982 y 1995.

P.

¿Cómo ha sido la respuesta de Hernán Giraldo?

R.

Él siempre ha participado en las audiencias desde que logró solventar las dificultades de conexión y ha mostrado su voluntad para colaborar con la justicia con relación a los crímenes que se cometieron cuando fue comandante del Bloque Resistencia Tayrona de las extintas AUC. El postulado lleva más de ocho años  privado de la libertad y conocemos que no ha vuelto a delinquir y ha cumplido con su compromiso de verdad y entrega de bienes para reparación. No obstante, no se acreditó —a través de documentos apostillados y debidamente traducidos— la buena conducta y el sometimiento de programas educativos y de resocialización para gozar de la sustitución de medidas de aseguramiento.

P.

¿Cómo van los procesos con otros excomandantes extraditados?

R.

En nuestros registros, tenemos nueve postulados que fueron extraditados a EE. UU en su momento, tres siguen en ese país, que son Mancuso, Giraldo y José Gelves Albarracín, alias el Canoso. Mientras que los otros seis ya regresaron a Colombia que son: Nodier Giraldo, sobrino de Hernán Giraldo; Norberto Quiroga Poveda, alias 5.5, quien fue capturado recientemente y renunció a Justicia y Paz; Eduardo Enrique Vengoechea Mola. Pero tres fueron excluidos de Justicia y Paz por incumplir los requisitos que se pactaron  (Éder Pedraza Peña, alias Ramón Mojana; Miguel Ángel Villarreal, alias Salomón; y Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40).

P.

Hay cuestionamientos a Justicia y Paz porque solo se han emitido alrededor de 80 sentencias en 15 años…

R.

Ciertamente la ley arrancó en 2005, pero la Sala de Barranquilla comenzó sus funciones en 2011. Muchos se lamentan de Justicia y Paz, pero es que había que documentar e investigar los casos de crímenes atroces, esa ardua labor la desarrolló la Fiscalía en los primeros años de vigencia de la ley. La Sala de Barranquilla ha dictado 20 macro-sentencias que equivalen a miles de sentencias penales y civiles ordinarias, por eso el tamaño del proceso. Insisto, un Tribunal de Justicia Transicional no puede ser medido como un juzgado ordinario. Nosotros no resolvemos casos cotidianos, nosotros decidimos sobre los más atroces crímenes propios de las guerras. Las sentencias más pequeñas tienen algo así como mil páginas. La de Hernán Giraldo tiene cerca de nueve mil páginas. Debemos, además de condenar a los responsables, reconstruir la historia del conflicto armado para que el país la conozca y no repita esas atrocidades. Y cada víctima debe ser reparada, ello implica un análisis detallado caso a caso, y apenas somos cuatro magistrados con dos asistentes judiciales cada uno.

P.

El año pasado se conocieron algunas amenazas contra la Sala, ¿qué ha pasado con ese tema?

R.

Hemos recibido mensajes de apoyo de todas las instituciones, el presidente de la Corte Suprema y el ministro de Justicia, al igual que la Fiscalía y la UNP se solidarizaron ante nuestra situación. Sin embargo, seguimos esperando que el Consejo Superior de la Judicatura garantice nuestra seguridad. Los vehículos que tenemos tienen 15 años de uso y su blindaje y condiciones mecánicas son deficientes. Varias veces hemos quedado varados en la mitad de la carretera. Hemos librado alrededor de 20  comunicaciones al jefe de Seguridad de la Rama Judicial y a las autoridades de administración; seguimos esperando que se renueve nuestro parque automotor como se nos prometió en noviembre pasado, el cual constituye nuestro único esquema de seguridad. No quisiéramos acudir a mecanismos judiciales para que la Rama Judicial cumpla con las obligaciones de protección que le ordena la Ley de Justicia y Paz.

Tribunales Internacionales

Haciendo un comparativo con los tribunales internacionales, los resultados de Justicia y Paz en menos años dan cuenta de que se han logrado avances en los procesos.

Las salas de Justicia y Paz de los tribunales superiores del Distrito Judicial de Bogotá, Medellín y Barranquilla han logrado condenar a 701 personas por participar en delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra o genocidio a través de 72 sentencias.

El Tribunal Penal para la Antigua Yugoslavia ha condenado 87 personas a través de 51 sentencias; el Tribunal Penal para Ruanda ha condenado a 73 en 56 sentencias y el Tribunal Penal Internacional para Sierra Leona ha condenado 19 personas.

Datos de la Sala en Barranquilla en 2020

La Sala Penal de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla, durante el 2020, pese a la pandemia causada por el virus de la Covid-19, logró dictar seis macrosentencias que involucraron a 42 postulados (perpetradores de crímenes), 664 hechos y 6.994 víctimas. También cinco ‘exparas’ fueron retirados del proceso especial de Justicia y Paz. El Tribunal reportó la preclusión de seis casos por muerte y se realizaron 175 audiencias. 

En la Sala de Control de Garantías, en las audiencias de formulación de imputación se llevaron a cabo actuaciones que involucraron a 125 postulados, 6.731 hechos y 6.808 víctimas, relacionadas con los bloques Montes de María, Catatumbo, Norte (Frente Pivijay) y Resistencia Tayrona, así como del grupo Ejército Revolucionario del Pueblo.

Algunos resultados de Justicia y Paz

Con las versiones libres y confesiones obligatorias de los postulados –(comandantes y patrulleros)– y el trabajo mancomunado de la estructura institucional que compone la Ley de Justicia y Paz a nivel nacional, se han hallado 6.185 fosas, con 7.444 cadáveres exhumados, 3.953 entregados a sus respectivas familias y 1.684 en trabajo de identificación. Se han compulsado 16.772 copias, contra 1.835 agentes del Estado no combatientes, 1.417 agentes del Estado combatientes y 2.311 civiles supuestamente auspiciadores del conflicto armado.

Justicia y Paz, a diferencia de la JEP, no juzga a particulares o a agentes del Estado, sólo a paramilitares y guerrilleros que en su momento se sometieron a la Ley 975.

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