Polémica por desaparecidos en la toma del Palacio de Justicia

Declaraciones del fiscal investigador Jorge Sarmiento, que luego aclaró, acerca de la existencia o no de las desapariciones del holocausto, levantaron la polémica.

Archivo EL HERALDO
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Por: Tomás Betín @tombetri
Colombia

Declaraciones del fiscal investigador Jorge Sarmiento, que luego aclaró, acerca de la existencia o no de las desapariciones del holocausto, levantaron la polémica.

Varios familiares de las víctimas del Palacio de Justicia anunciaron que recusarán al equipo de fiscales que lleva el caso del holocausto.

Así lo indicaron en una carta enviada a la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia –despacho que tiene a su cargo los investigadores del Palacio– luego de que Jorge Sarmiento, fiscal del caso, le hubiera dicho al noticiero televisivo Noticias Caracol que “los hallazgos que Medicina Legal junto con la Fiscalía han alcanzado en estos últimos cinco años nos permiten afirmar que no fueron casos de desapariciones forzadas sino que fueron casos de malas identificaciones o cuerpos mezclados. Es decir, estas 11 personas que supuestamente habían estado desaparecidas realmente fueron mal entregadas o mal identificadas en el año 1985”.

No obstante, luego el investigador afirmó en la emisora W Radio que no es que haya dicho que no hubo desaparecidos, sino que entre los cadáveres hallados no se configura el delito de desaparición forzada para el expediente: “No podríamos hacer una generalización apresurada, esperamos seguir adelantando las investigaciones para encontrar las personas que faltan. Lo que nosotros dijimos es que encontramos personas donde no se identificó que hubieran sido desaparecidos de manera forzada”.

Lea además: Fiscalía se reunirá con Corte IDH para tratar el tema de los desaparecidos del Palacio

Pero los familiares de las víctimas creen que estas declaraciones los revictimizan y advierten que hay parcialidad en el manejo de las pesquisas. Se trata de César y Alejandra Rodríguez, y Cecilia Cabrera, hermano, hija y esposa de Carlos Rodríguez Vera, uno de los desaparecidos del Palacio, quienes recusan “al equipo a cargo de la investigación, dadas las manifestaciones y opiniones públicas realizadas, que constituyen un prejuzgamiento, y que además denotan una descarada ausencia de imparcialidad”.

Agregan en la misiva que “de esos desaparecidos alguno que se entregó como ‘Pepito Pérez’ terminó siendo Manuel Gómez. Inquieta el tratamiento que ustedes, que han dicho investigar los  hechos del Palacio de Justicia durante numerosos años, hoy con ironía, sarcasmo, burla y ataque a la dignidad de las víctimas, manifiesten que entre las víctimas de desaparición forzada se encuentra ‘Pepito Pérez’, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos -Corte IDH-, el sistema de justicia interno y la sociedad conocen que nunca se ha demandado por la desaparición de esa persona, razón por la cual la burla de este funcionario es indignante”.

Y recuerdan los seres queridos que ante la Corte IDH “el Estado admitió la existencia de pruebas  fehacientes e irrefutables de la desaparición forzada de Irma Franco Pineda y Carlos Augusto Rodríguez Vera. Las manifestaciones públicas realizadas denotan la existencia de una esquizofrenia  institucional, pues contradictoriamente ante  los órganos internacionales hacen reconocimientos, que hoy relativizan”.

Entre tanto, la Fiscalía le dijo a este diario que se reunirá el próximo 6 de septiembre en Bogotá con la Corte IDH, para tratar el tema de los desaparecidos en la toma y retoma del Palacio de Justicia, perpetradas entre el 6 y 7 de noviembre de 1985.

Al respecto, este medio reveló en junio pasado que la barranquillera Nury Esther Gutiérrez de Piñeres de la Rosa, auxiliar judicial, dejaría de ser una del centenar de víctimas fallecidas y se constituiría en la novena desaparecida, debido a que ni la Fiscalía ni Medicina Legal han podido confirmar que los restos enterrados hace tres décadas en el Cementerio Jardines del Recuerdo, a las afueras de la capital atlanticense, sean los de la asistente del magistrado momposino Dante Fiorillo, de la Corte Suprema –togado que no estaba en el Palacio al momento de la incursión del M-19 pero quien murió de un infarto al enterarse de lo sucedido-.

Hace dos décadas se contaban 11 personas como desparecidas del Palacio, pero en 2000 fue hallado el cadáver de Ana Rosa Castiblanco; en 2015 los de Cristina del Pilar Guarín Cortés, Lucy Amparo Oviedo y Luz Mary Portela; y en 2017 el de Emiro Sandoval.

“En una construcción de paz no se puede negar lo que ha pasado”

Al respecto de la polémica declaración del fiscal del caso del Palacio de Justicia, la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas como Desaparecidas, Luz Marina Monzón, desde Nariño (donde se llevó a cabo el segundo Encuentro por la Verdad) rechazó que se niega que hubo desapariciones y señaló que está “convencida de que Colombia tiene un problema, que ha tenido siempre y que ha mantenido la violencia, y es el negar lo que está pasando”. 

Monzón dijo enfáticamente que hay mensajes que se pueden trasmitir de otra manera, “desde una perspectiva distinta al negacionismo”. Agregó: “En una construcción de paz no se puede negar lo que ha pasado”.  Así mismo, la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas como Desaparecidas señaló: “El palacio de Justicia es algo que objetivamente toda la población colombiana se dio cuenta que ocurrió. (…) Vimos a familiares durante todos estos 30 años reclamando por sus seres queridos. Eso es objetivo, eso no es algo que no hayamos visto”.

Monzón, además, recordó que el deber del Estado es cumplir con lo que profirió la sentencia de la Corte IDH en relación a este tema.  “Una cosa es que uno reconozca que hubo dificultades e ineficiencias en la investigación y otra es decir que no hubo desaparecidos”, expresó. 

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