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Colombia

Masacre de indígenas expone el riesgo de defensores territoriales en Colombia

Según la Defensoría del Pueblo, una de las víctimas de la masacre, en la que además resultó herida una mujer, era un reincorporado de las FARC.

Los indígenas pusieron otras cuatro víctimas en la disputa territorial en el departamento colombiano del Cauca, donde disidentes de la antigua guerrilla de las FARC acusan a líderes de esas comunidades de ser "cómplices de la política de Estado" contra los cultivos ilícitos.

La nueva masacre fue perpetrada la noche del sábado en Gualanday, un caserío de Santander de Quilichao, municipio del norte del Cauca, región del suroeste de Colombia en la que disidencias, frentes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y bandas criminales vinculadas al narcotráfico libran una sangrienta disputa.

"Hay una clara afrenta al ejercicio de control territorial de las autoridades indígenas en el norte del Cauca, donde existe una promoción de la identidad, del gobierno propio y del rescate de jóvenes que resulta contraproducente para todos estos grupos armados y sus economías ilegales", dijo a Efe el coordinador del área de Derechos Humanos de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), Mauricio Capaz.

Según la Defensoría del Pueblo, una de las víctimas de la masacre, en la que además resultó herida una mujer, era un reincorporado de las FARC, razón por la que organizaciones civiles del Cauca no descartan que el ataque haya sido en su contra, ya que más de 240 exguerrilleros han sido asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz con el Gobierno en noviembre de 2016.

"Hay una situación particular y es que los últimos asesinatos en la zona ni siquiera están siendo dirigidos contra las personas que ejercen los liderazgos sino contra sus familias y eso es una nueva metodología que hemos estado rastreando este año. Eso incluye a excombatientes y a defensores de derechos humanos", explicó Capaz.

Líderes: objetivo militar

Además de la matanza, cuya autoría se desconoce, disidencias de las FARC amenazaron este sábado y declararon "objetivo militar" al senador indígena Feliciano Valencia, que en octubre pasado sufrió un atentado cuando viajaba por una carretera del Cauca, así como a otras autoridades indígenas de la zona.

Valencia, congresista por el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), publicó este domingo el panfleto en el que disidentes amenazan con tomar represalias contra la ACIN por su ejercicio de control territorial en el Cauca.

"A partir de la fecha nuestras unidades y la columna Dagoberto Ramos declaramos objetivo militar a las autoridades tradicionales, exgobernadores, gobernadores de los municipios (de Santander de Quilichao, Suárez, Miranda, Corinto, Caloto, Jambaló), a la ACIN en cabeza de Feliciano Valencia", se lee en la amenaza.

La situación de riesgo para las poblaciones del norte del Cauca viene creciendo desde finales de 2018 y se agudizó durante 2019 cuando precisamente las disidencias de las FARC declararon que retomarían el control de la región.

Desde entonces la reconfiguración del conflicto armado en esa zona ha estado condicionada por la reorganización de la columna móvil Dagoberto Ramos, que opera entre los municipios de Miranda, Corinto, Caloto y Santander de Quilichao, y la Columna Jaime Martínez, que delinque en Buenos Aires y Suárez.

"Nos dirigimos a ustedes líderes de la ACIN que con sus políticas de control territorial afectan al pueblo que cultivan y viven de la coca y la mariguana (sic). La ACIN y sus líderes son cómplices de la política de Estado con su ideología de supuestamente control territorial quemando lo que el pueblo cultiva para subsistir", señalaron los disidentes.

El grupo amenazó además con atacar los vehículos de la Unidad Nacional de Protección (UNP) asignados a líderes y personas en riesgo si estos circulan en esos territorios entre las seis de la tarde y las seis de la mañana del día siguiente.

"Les damos 24 horas para que renuncien y salgan de sus territorios con sus familias para que dejen de perseguir y capturar a nuestras unidades. Conocemos todos sus movimientos y sus esquemas de seguridad (...) los invitamos a nuestra causa que serán bien pagos", advirtieron las disidencias.

Centro de negocio para el narcotráfico

Desde 2019 la Defensoría del Pueblo ha advertido que en Santander de Quilichao se encuentran expuestas a graves violaciones de derechos humanos las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, la mayoría de ellas ubicadas en zonas rurales, y organizadas mediante Resguardos Indígenas, Consejos Comunitarios y Juntas de Acción Comunal.

Según una alerta temprana de la entidad, Santander de Quilichao, un municipio neurálgico y central del Cauca, vive un escenario de riesgo subregional compartido con los 12 municipios restantes del norte del departamento y algunos del sur del vecino Valle del Cauca.

Esa subregión es apetecida por actores ilegales y bandas vinculadas al narcotráfico toda vez que es estratégica por las facilidades para el tráfico y tránsito de drogas ilegales, pero también para la financiación de los distintos grupos al margen de la ley que operan allí.

El norte del Cauca además posee grandes extensiones de tierra productiva que hacen de esa región una zona codiciada y altamente disputada por grupos armados, y particularmente, Santander de Quilichao sirve como "centro de negocios" para el narcotráfico y la minería criminal, según advirtió la Defensoría.

Desarticular los liderazgos

Las amenazas, homicidios y atentados contra la población civil demuestran la intención de acallar y desarticular las exigencias colectivas de líderes, reclamantes de tierras, organizaciones que hacen frente a la ocupación ilegal del territorio y representantes de las mesas de víctimas.

"Lo que vemos en el norte del Cauca son numerosos actores legales, pero también ilegales, que intentan doblegar el ejercicio que están haciendo las comunidades indígenas. Todos estos asesinatos contra la comunidad lo que hacen es agravar la situación humanitaria en la región y es bastante descabellado lo que estamos viendo", agregó Capaz.

Ese escenario empeora cuando el liderazgo ejercido por las comunidades es difamado, como denunció este domingo la presidenta del MAIS, Martha Peralta, al asegurar que las "declaraciones estigmatizantes" contra su comunidad "son una orden para que aprieten el gatillo".

"Se vienen tiempos difíciles, este sería el inicio de tiempos bastante complicados en términos de la multiplicidad de eventos de riesgo en el norte del Cauca, y las comunidades son las más propensas a salir afectadas", subrayó Capaz al reafirmar la situación de emergencia humanitaria en el departamento.

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