Colombia

Los protocolos que se habrían violado en la fuga de Merlano

La guardiana no vigiló la ventana por donde escapó, no permaneció en contacto visual y permitió contacto con familiares. La fuga sigue siendo materia de debate.

Aunque primero dijo que se habían cumplido todos los protocolos en el traslado de la excongresista barranquillera Aída Merlano a la cita odontológica, el saliente director del Inpec, el general William Ruiz, dijo este miércoles, antes de su renuncia, que hubo varios errores en el dispositivo de traslado de la barranquillera, entre ellos falta de previsión por parte de los guardianes y haberla perdido de vista dentro del consultorio y no estar atentos afuera del edificio.

EL HERALDO conoció al respecto los instructivos de la entidad carcelaria para este tipo de casos. Uno de ellos es la Guía Servicio de Hospital, elaborada el 26 de febrero de 2016. En ella se establecen las razones para clasificar la peligrosidad de un recluso –dado que el nivel de seguridad de Merlano fue bajado de 1 a 2 en mayo pasado, según denuncian los sindicatos del Inpec, de forma irregular-. Y así, estos niveles están asignados por “tipo de delito, categorización de la organización delincuencial a la cual pertenece, el impacto social y económico del delito, la proyección del delito en el ámbito nacional e internacional, cuantía de la pena, la peligrosidad, la personalidad del individuo, antecedentes delincuenciales, condiciones de seguridad del infractor, trascendencia social o económica del individuo en la comunidad”.

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Sobre la sugerencia del odontólogo a la guardiana en el caso de la excongresista, de quedarse fuera del consultorio, en la guía de la entidad carcelaria se establece que “se deberán acatar todas las recomendaciones del profesional de la salud a fin de no interferir en el tratamiento del privado de la libertad y de los demás pacientes, incluyendo el porte de armas y uniforme”.

Sin embargo, en el mismo documento de 2016 también se lee que “en el servicio se debe observar una postura profesional (…) sin perder de vista al interno, y evitar incurrir en situaciones que impliquen el abandono del servicio, o distracciones en el mismo (…)”.

Además, en el Instructivo General para Remisión de Internos del 6 de septiembre de 2007, se indica que la remisión médica es un procedimiento que consiste en “llevar al interno de su sitio de reclusión a un centro médico u hospitalario para consulta médica general, especializada, urgencia médica, cirugía programada y medicina legal”.

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Lo que habría que establecer en este punto es si un tratamiento estético como un diseño de sonrisa cabe entre estos procedimientos que el propio Inpec menciona.

De igual forma, en el instructivo se hace énfasis en que un guardia en este tipo de procedimientos de traslado debe “situarse en la mejor posición posible para observar y oír a los internos y los particulares que se encuentren a su alrededor. (…) Conserve el control visual de las puertas, ventanas y posibles accesos al área donde se encuentre usted y el interno; evite sorpresas. No pierda el control visual del interno bajo su custodia y este presto a someterlo y neutralizarlo ante una eventual situación”.

Estos protocolos no se cumplieron en el caso de la excongresista, pues la guardiana no vigiló la ventana por la que finalmente se descolgó Merlano de una cuerda ni tampoco estuvo siempre en contacto visual con la hoy prófuga.

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Sobre todo, que el documento advierte que un traslado médico de un recluso es una situación de cuidado: “El ambiente penitenciario y carcelario está calificado como una actividad de alto riesgo, esta situación se hace más crítica durante una remisión. Todo funcionario del Cuerpo de Custodia y Vigilancia incrementará su habilidad de observación, lo cual le permitirá cumplir con eficiencia su papel de seguridad”.

Sin esposas y cerca a su familia

El mismo modo, frente a lo que han dicho los sindicatos y el propio exdirector del Inpec, acerca de que había familiares, posiblemente hijos de Merlano, en el centro médico, el instructivo es tajante: “No permita el contacto físico del interno con visitantes, familiares, allegados o personas extrañas, durante la remisión”.

Finalmente, ante la falta de esposas en la barranquillera, como se observó en las cámaras de seguridad de la clínica, el procedimiento ordena que “los medios restrictivos se retirarán cuando el interno inicie la diligencia ante la autoridad judicial, para que no se interprete que los medios restrictivos son una coerción al derecho de defensa, ante el personal médico con esa misma intención y para facilitar la práctica de los profesionales en salud”.

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No obstante, la fuga de Aída Merlano sigue siendo materia de debate por el modo y circunstancia como se desarrollaron los hechos.

Suspicacias y sospechas

Para Gabriel Orozco, experto en seguridad, “hay muchos elementos” que generan “suspicacias” y “sospecha” en torno a la huida de Merlano, además de los protocolos que se siguieron para que la fuga se materializara.

“El que se le haya bajado el nivel de alerta máxima a la categoría dos y se le disminuyera el número de personal a Aída Merlano son hechos muy preocupantes y sintomáticos de que se violaron las prioridades de vigilancia de ella”, explica Orozco.

El experto resaltó que también en el caso debe investigarse la cita odontológica, pues no tenía un carácter de urgencia ni de prioridad médica como se establece en este tipo de protocolos.
“Los presos de alto nivel tienen que salir únicamente y exclusivamente para citas urgentes, las demás pueden ser tratadas dentro de los sistemas penitenciarios”, dijo Orozco.

Otro hecho a relatar fue el tiempo “tan prolongado” que pasó Merlano durante la consulta odontológica da muestras que tuvo “demasiadas” concesiones. 

2018, el año negro de la exrepresentante a la Cámara por el Atlántico

En 2018 toda la maquinaria estaba lista para que la barranquillera Aida Merlano Rebolledo, representante a la Cámara por Atlántico, en el periodo 2014-2018, diera el gran salto desde su ciudad natal al honorable Senado de la República de Colombia, en el periodo 2018-2022.  Sin embargo, la misma tarde del domingo 11 marzo, una vez finalizados los comicios y con el resultado que la daba como ganadora de una curul con 73.000 votos, empezó el calvario para la mujer que se inició en la política desde los 15 años de edad.

Ese día, uniformados de la Policía Metropolitana de Barranquilla, que incluyó detectives de la Sijín y del Grupo especial Goes, llegaron hasta su comando político, llamado la Casa Blanca y ubicado en la carrera 64No. 81B-72, en el Norte de la ciudad. 

La autoridad llevaba una orden de allanamiento emanada por la Fiscalía y descubrieron en el interior de la casa 261 millones $441 mil en efectivo, así como certificados electorales y armas de fuego, entre esas una pistola Glock a nombre de la congresista. También fueron detenidos en ese momento Vanessa Merlano Rebolledo, hermana de la congresista; Evelyn Díaz Díaz, Edwin Rafael Martínez Salas, Jeferson Viloria Mieles y María Camila Valencia Lugo. Aquello derivó en que el entonces fiscal General, Néstor Humberto Martínez, pidiera en el mismo mes de marzo a la Corte Suprema de Justicia investigar a Aida Merlano, por haber hallado “documentación que la comprometía” en una compra de votos por más de $6.000 millones. Así mismo, el procurador Fernando Carrillo anunció la suspensión de la representante de su labor legislativa. Y desde el Partido Conservador anunciaron la apertura de una investigación interna. 

A finales de marzo, la Fiscalía también decomisó la llamada ‘Casa Blanca’, la sede política de Merlano Rebolledo y le “congeló” 12 cuentas corrientes para “establecer el origen de los dineros para la compra de votos”.

Las pesquisas en torno a Merlano continuaron y en mayo, en una segunda fase de la Operación Casa Blanca, como bautizó la Fiscalía General la investigación por la masiva compra de votos de la excongresista, se dio la detención de dos alfiles de la “organización criminal”. Estos fueron los hermanos Carlos y Sara Luz Jiménez Otálvarez. Luego, en junio de 2018, el entonces fiscal Martínez develó por completo  la forma cómo se consiguió la masiva compra de votos en las pasadas elecciones y agregó que desde la campaña de Merlano se patrocinó la candidatura de Lilibeth Llinás, su fórmula a la Cámara de Representantes. Luego de eso, Martínez precisó que se les iban a imputar cargos por concierto para delinquir y corrupción al sufragante en el Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla a Lilibeth Llinás, Margarita Ballén, Juan Carlos Zamora, Aissar Castro Bravo, Aissar Castro Reyes, Jorge Rangel y Vicente Támara.

Además, en ese momento, el  fiscal también anunció la apertura de una investigación a los empresarios Julio Gerlein y Mauricio Gerlein por su presunta participación en la red.

Y en una tercera fase de ‘Casa Blanca’, el fiscal de conocimiento del caso decidió en noviembre de 2018 compulsar copias ante la Corte Suprema de Justicia para que la alta instancia judicial determinara si existían méritos para investigar al senador por el partido Cambio Radical Arturo Char.

 

Esta es la Guía Servicio de Hospital del Inpec

Este es el Instructivo General para Remisión de Internos

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