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Gobierno dice que en los próximos días estaría listo el decreto de excarcelaciones

EL HERALDO conoció que cuando se suscriba la norma empezarían a cumplir pena domiciliaria temporal reclusos adultos mayores, con enfermedades graves y mujeres embarazadas, entre otros.

El presidente Iván Duque anunció que en los próximos días estará listo el decreto que, en el marco de la pandemia del coronavirus, enviará a detención domiciliaria, mientras dure la emergencia, a reclusos adultos mayores, enfermos graves y mujeres embarazadas, entre otros.

Esto con el fin de descongestionar las prisiones y evitar complicaciones de salud con esta población recluida en riesgo ante el COVID-19.

Fuentes del Ministerio de Justicia, entre tanto, señalaron a EL HERALDO que una vez la Presidencia de la República promulgue la normativa, empezarán a salir los internos de condiciones especiales hacia sus detenciones domiciliarias.

"Se pueden tomar medidas de carácter humanitario que permitan excarcelaciones, sin que se beneficie a criminales, que deben estar en un centro de reclusión hasta finalizar su pena", dijo el mandatario en entrevista este miércoles con la emisora oficial 'Radio Nacional de Colombia'.

Agregó el jefe de Estado que la idea es "que se puedan tomar medidas de descongestión inteligentes, pero que la justicia siga aplicando".

De hecho, hace un par de días se conoció el borrador del decreto, que está en revisión jurídica y en socialización con los partidos políticos y la Fiscalía, y que permitiría que, según lo anunció hace un par de semanas la ministra de Justicia, la barranquillera Margarita Cabello, salgan de la cárcel de 4 mil a 15 mil presos.

"La detención preventiva o la prisión domiciliaria transitorias en el lugar de residencia tendrán un término de seis meses prorrogables hasta por el mismo lapso", se lee en la norma.

Sin embargo, deja en claro que "se podrán realizar sucesivas prórrogas por el tiempo que se estime necesario", previo concepto de las autoridades sanitarias frente a la pandemia del coronavirus.

El decreto favorecería con la casa por cárcel temporal a personas mayores de 60 años, madres gestantes o con hijos menores de tres años, con enfermedades graves como VIH, cáncer, insuficiencia renal, trastorno pulmonar, enfermedades autoinmunes, entre otras; personas con movilidad reducida por discapacidad y personas con medida de aseguramiento por delitos culposos.

La detención domiciliaria, cuyo cumplimiento sería vigilado por el Inpec y la Fiscalía, no sería otorgada a "quienes hayan sido imputados o condenados por los delitos de terrorismo; concierto para delinquir, testaferrato; financiación de terrorismo y de actividades de delincuencia organizada; (...) amenazas contra defensores de Derechos Humanos y servidores públicos; lavado de activos; secuestro; secuestro extorsivo; desplazamiento forzado; desaparición forzada; tortura, trata de personas; tráfico de migrantes; uso de menores de edad para la comisión de delitos; homicidio agravado; feminicidio; lesiones causadas con agentes químicos, ácidos; narcotráfico; corrupción y delitos en el marco del conflicto armado".

Así mismo, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez escribió en este sentido hace un par de días en Twitter: "He pedido a Ministra de Justicia que este beneficio no incluya violadores. Más de 10.850 internos de cárceles del país quedarán en libertad bajo beneficio de 'Detención domiciliaria transitoria' y estará vigente hasta levantarse emergencia carcelaria.

Entre tanto, la Corte Constitucional les pidió en días pasados a los ministerios de Justicia y de Salud y al Inpec un reporte sobre los "planes de contingencia que han tomado para prevenir, detectar, contener y tratar la enfermedad COVID-19 en los establecimientos penitenciarios y carcelarios del país".

La alta corte solicitó incluir en el informe las medidas que ha tomado para detectar de manera oportuna el coronavirus en las prisiones y para salvaguardar la vida y la salud de los internos, los guardias y los funcionarios administrativos.

Requirió además saber cómo están articuladas las entidades territoriales y las secretarías de salud para atender a los reclusos durante la alerta.

Y, finalmente, ordenó al Ministerio de Defensa, Policía y Fiscalía informar las medidas para evitar el contagio de la enfermedad en los centros de detención transitoria, y al Ministerio de Hacienda si ha adicionado presupuesto para atender la emergencia en las prisiones.

Por otro lado, hace un par de días la condena exempresaria del chance, Enilce López, alias La Gata, pidió al jefe de Estado, la ministra de Justicia y al fiscal Francisco Barbosa, entre otros altos funcionarios, que "se adopten, de manera inmediata y urgente, las medidas inaplazables de respeto del derecho a la vida y dignidad humana de todos los privados de la libertad en el país, rogando la excarcelación y descongestión del sistema carcelario, con el fin de evitar una catástrofe humanitaria, no solo al interior de los centros de reclusión, de sus familiares, de los funcionarios del Inpec y sus seres queridos, sino además de la población colombiana en general, confinada a una cuarentena".

El pasado 22 de marzo, el Inpec y el Ministerio de Justicia decretaron la emergencia carcelaria en el país "por temas de salud y orden público", luego de que en medio de amotinamientos el pasado sábado en 13 cárceles del país se registraran 23 reclusos muertos y 83 heridos en la Cárcel la Modelo de Bogotá.

La cartera del derecho anunció que la idea es "deshacinar los establecimientos de reclusión del orden nacional, y poder mitigar la posibilidad de contagio con COVID-19 de las personas privadas de la libertad".

De acuerdo a las cifras, 6 mil reclusos son mayores de 60 años. Esto sería menos del 10% de la población tras las rejas, pues hasta el 31 de enero pasado había poco más de 124 mil personas privadas de la libertad en las cárceles del país, penales que solo pueden albergar en condiciones más o menos dignas a unas 80 mil personas.

En el Caribe, con corte a julio de 2019, había 13.885 presos pero en las cárceles de la región solo caben 7.763. Es decir, había 6.122 presos ‘de más’, lo que se traduce en un hacinamiento del 78,9%, muy por encima del hacinamiento que se registra a nivel nacional, que de todas maneras es ya alarmante: 53,4%.

Sobre la situación registrada en La Modelo, la ministra de Justicia reportó: "Se identificó un plan criminal mediante el cual algunos internos acordaron llevar a cabo una fuga masiva, empleando medios violentos. Sin embargo, el cuerpo de custodia y vigilancia del Inpec reaccionó de manera oportuna, evitando una fuga masiva".

Tras los hechos, el fiscal Barbosa conformó un equipo especial de 45 funcionarios para que adelante las indagaciones, recoja las pruebas y poder judicializar a los responsables de estos hechos.

Hace un par de días, el exministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, responsabilizó al ELN de estar detrás de los motines en las cárceles.

"El Eln ya causó en esta crisis del #Covid19 más muertos y heridos que el virus: 23 personas muertas y más de 80 heridas en plan de fuga masiva en cárceles. Ojalá decisión de cese no sea para lavar su imagen y buscar premio a su violencia, sino una renuncia al terrorismo y crimen", señaló en su cuenta de Twitter.

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