33 recomendaciones fueron el resultado de la reunión entre las autoridades policiales y entes de control para garantizar la protesta pacífica en el país.
En dichas mesas participaron representantes de la sociedad civil como accionantes de la tutela, plataformas de Derechos Humanos, organizaciones no gubernamentales, academia, expertos constitucionalistas, entidades públicas y fuerza pública, entre otros.
Las recomendaciones están dirigidas a la Policía Nacional, la Fiscalía, la Procuraduría, el Ministerio de Educación, el Gobierno Nacional y la propia Defensoría del Pueblo.
Entre ellas está la implementación de herramientas tecnológicas como mecanismo de vigilancia y grabación dentro de las patrullas y medios de transporte. También cámaras de grabación en los cascos del ESMAD, con el fin de revisar la actuación policial antes y durante la protesta. E incluyen la institucionalización del uso de drones para que registren los hechos durante las intervenciones. También contemplan estas recomendaciones, la investigación y sanción a aquellos policías que violen el derecho de los ciudadanos a grabar con sus celulares los incidentes.
Por otra parte, les recuerdan a la Procuraduría, Fiscalía y a la Inspección General de la Policía Nacional, que la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, están prohibidos sin excepciones. Y se pide acelerar las investigaciones sobre los actos de violencia denunciados, exigiendo sanciones ejemplares para los motivadores.
