Por su presunta incidencia y contribución en la consecución de la garantía bancaria falsa y la pérdida de más $70 mil millones girados en calidad de anticipo a la Unión Temporal Centros Poblados, la Contraloría vinculó formalmente al proceso fiscal que adelanta por estos hechos a Emilio Tapia Aldana.
La decisión del ente de control también vincula a Juan Carlos Ángel Cáceres, Juan José Laverde Martínez, Jorge Alfonso Molina García Mayorga y José Rafael Lastre Vergara.
Dicho proceso fiscal se abrió a mediados de agosto pasado, en cuantía estimada de $70.243 millones, por las irregularidades en la planeación adelantada por FunTIC en el trámite de la licitación FTIC-LP-038 de 2020, así como en el manejo del anticipo y ejecución del contrato 1043 del 18 diciembre de 2020 resultado del proceso licitatorio.
