Condenan a exalcalde de Tierralta por nexos con paramilitares

Un juzgado especializado de Bogotá libró orden de captura contra Aníbal Ortiz Naranjo para que pague los 10 años y seis meses de cárcel que le corresponden.

Archivo
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Por: Tomás Betín @tombetri
Colombia

Un juzgado especializado de Bogotá libró orden de captura contra Aníbal Ortiz Naranjo para que pague los 10 años y seis meses de cárcel que le corresponden.

El Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogotá condenó a 10 años de cárcel al exalcalde del municipio de Tierralta, Córdoba, Aníbal Antonio Ortiz Naranjo, por el delito de concierto para delinquir agravado, por sus nexos con grupos de autodefensa.

De acuerdo con el comunicado de la Judicatura, "Ortiz Naranjo fue mencionado por Salvatore Mancuso Gómez en una versión libre ante la jurisdicción de Justicia y Paz como uno de los alcaldes que fue elegido por imposición de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, en la zona del Alto Sinú, departamento de Córdoba".

Agregó Mancuso, cita la información, que en marzo del año 2000 se realizó una reunión en el corregimiento de Nueva Granada en Tierralta, que fue conocida como 'El Granadazo', y allí se estableció que los "tres próximos alcaldes de esa municipalidad serían Sigifredo Senior Sotomayor, Humberto Santos Negrete Fajardo y Aníbal Antonio Ortiz Naranjo, situación que ocurrió como fue ordenada por las AUC".

El exalcalde en cuestión ganó entonces las elecciones por una amplia mayoría y ocupó el cargo para el periodo de 2008 a 2011.

No obstante, la investigación en su contra fue asumida por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Descongestión de Montería en febrero de 2015, despacho que revocó la medida de aseguramiento.

Posteriormente, el Consejo Superior de la Judicatura remitió el expediente al Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogotá, que impuso la condena de 10 años y seis meses de prisión y una multa equivalente a 9.525 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2007.

Finalmente, el despacho capitalino libró orden de captura contra el procesado y negó la suspensión de ejecución de la pena y la prisión domiciliaria.

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