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28 mil raciones de alimentos a unos fallecidos

4 mil de estas raciones alimentarias se entregaron en La Guajira. En Cesar aparece una tutora que dice ser madre de 172 niños y niñas.

La Contraloría informó el pasado domingo en un comunicado que la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata, Diari, identificó 69 alertas en la entrega de raciones de alimentos que hicieron contratistas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, a supuestos beneficiarios durante la pandemia, en ejecución del Programa de Canastas Nutricionales.

“Hay beneficiarios que aparecen en la Registraduría Nacional como fallecidos, pero a los que contratistas les entregaron ración de alimentos; menores de edad que en la misma base datos están reportados como muertos, pero que su documento estaría siendo suplantado por beneficiarios, y casos como el de una madre que recibió raciones por 172 hijos que tendría en un solo municipio”, indicó el ente de control.

El organismo pone de presente que empezó a vigilar una vez se declaró la emergencia sanitaria y se dispuso el Programa Canastas Nutricionales, que contrató una modalidad para que varios operadores hicieran el suministro de raciones alimentarias en los hogares de los niños y niñas entre cero y cinco años y madres gestantes registrados en el programa.

“Desde esa fecha, la Diari, dentro de su plan de vigilancia a los recursos asignados a atender la pandemia, identificó que diferentes contratistas del Icbf entregaron 28.018 raciones a 15.580 acudientes registrados que están en la base de datos de la Registraduría Nacional reportados como fallecidos. Si se multiplica el número de raciones que se entregaron a estas personas fallecidas por el valor más bajo de una ración, que está por alrededor de los $80.000, la suma de esta alerta de la Diari es de $2.241 millones aproximadamente”.

La Guajira y Chocó

La Contraloría precisó que la Diari detectó que de esas 28.018 entregas de raciones a acudientes de menores de edad que aparecen en las bases de datos como fallecidos, 4.548 se realizaron en el departamento de La Guajira en los meses de mayo, junio y julio.

Por ello, la Asociación de Educadores de La Guajira, Asodegua, pidió a las autoridades que este hecho no quede en la impunidad y se castigue a los contratistas involucrados.

“Nuestras niñas y niños deben prevalecer por encima de los intereses mezquinos de los adultos. Este es un ejemplo negativo más que nos motiva a continuar nuestra lucha por un mundo mejor”, manifestó la organización.

También se identificó, se lee, que en Chocó se realizaron 37 entregas de raciones de alimentos a 16 menores que aparecen en la base de datos de la Registraduría como fallecidos.

Cesar. En varios departamentos, tutores de los menores que recibieron las raciones, tienen múltiples beneficiarios, lo que llevó a generar seis alertas a 1.970 beneficiarios.

En Chimichagua, Cesar, por ejemplo, una mujer aseguró ser la madre de 172 niños y niñas en ese municipio, lo mismo que de un menor en el municipio de Fundación, Magdalena, recibiendo raciones por todos.

Al respecto, la directora de la Diari, María Rangel, advirtió: “No pueden seguir los operadores proporcionándoles las raciones a personas cuyos documentos de identidad indican que están reportadas como fallecidas”.

Icbf anunció investigaciones y denuncias

El Icbf emitió este lunes un comunicado en el que se lee que la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Lina Arbeláez, sostuvo que “desde el primer momento en que se flexibilizaron los servicios a raíz de la pandemia, el instituto le solicitó acompañamiento al organismo de control”.

Así mismo, señaló que el Icbf no ha recibido oficialmente el informe  de la Contraloría General “a quien de manera particular solicitó apoyo en el proceso de supervisión y verificación a los operadores de primera infancia que están encargados de llevar las canastas nutricionales a las familias beneficiarias”.

Arbeláez insistió, al respecto, en que “desde el primer día el Icbf puso a disposición de la Contraloría todas las bases de datos de los usuarios y la información pertinente para que nos acompañaran en este proceso y de esta manera blindar las entregas a nuestros beneficiarios”.

Además, dijo que desde la entidad se ha venido trabajando en la creación de herramientas para evitar que los operadores se lucren de los recursos destinados a la niñez como la aplicación BienestarApp y el mecanismo Betto, “los cuales son vehículos de transparencia para que la contratación que adelanta el instituto, orientada a la atención de los niños de Colombia se cimente en la trazabilidad y escrutinio integral de los recursos”.

Explicó en este sentido la funcionaria que “Betto incorpora la inteligencia artificial, la capacidad de utilizar algoritmos de control en las plataformas de ciberseguridad, para darles todas las certezas a los procesos de contratación administrativa”, y agregó que se investigará  denunciará a los responsables.

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