La Sociedad de Activos Especiales S.A.S. (SAE) informó que, a la fecha, ha recibido 87 solicitudes presentadas por empresarios y operadores de centros comerciales orientadas a la terminación unilateral de contratos de arrendamiento de locales comerciales donde funcionan establecimientos de comercio de la sociedad Fast Moda S.A.S., operadora de las marcas Lili Pink y Yoi.
La entidad gubernamental reportó en el comunicado emitido este miércoles que, además, “se han recibido 23 requerimientos relacionados con solicitudes de ampliación, aclaración y precisión de información respecto del proceso de extinción de dominio que actualmente recae sobre dicha sociedad. Estas solicitudes han sido atendidas oportunamente por el administrador designado para Fast Moda S.A.S., en el marco de sus competencias y obligaciones legales”.
Advierte en este sentido la SAE que una eventual terminación de los contratos de arrendamiento antes referidos podría generar una afectación directa sobre aproximadamente 260 trabajadores vinculados a la operación de la compañía, en su mayoría mujeres cabeza de hogar y madres de familia, con las consecuentes repercusiones sociales y económicas.
“Se ha evidenciado la suspensión de contratos por parte de algunos proveedores de bienes y servicios, incluidos servicios financieros, jurídicos y operativos, bajo consideraciones asociadas al inicio del proceso de extinción de dominio”, añade el boletín.
Por ello, la entidad precisó que Fast Moda S.A.S. se encuentra actualmente bajo administración del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco), a través de la SAE.
La Sociedad, indica el documento, “designó un mandatario encargado de la administración y conservación de los activos, conforme a las disposiciones legales vigentes. En desarrollo de dicha administración, el mandatario adelanta un diagnóstico integral orientado a evaluar la situación financiera, contable, contractual, laboral, operativa y productiva de Fast Moda S.A.S., con el propósito de determinar sus condiciones reales de funcionamiento y adoptar las medidas necesarias para la continuidad y sostenibilidad de la operación”.
Y concluyó la SAE que la protección de los derechos laborales y la estabilidad de los trabajadores vinculados constituyen una prioridad institucional, por lo que, añade, se han adelantado mesas de trabajo permanentes con delegados del Ministerio del Trabajo, dirigidas a salvaguardar las garantías laborales y promover la continuidad del empleo.
“Así mismo, se informa que los establecimientos de comercio continúan operando bajo criterios de legalidad, transparencia, responsabilidad y cumplimiento normativo. Por lo anterior, la SAE hace un llamado a los distintos actores involucrados para actuar con responsabilidad, prudencia y sensibilidad social frente a las decisiones que puedan impactar la estabilidad de la operación y el sustento de miles de familias que dependen de esta actividad económica”, puntualiza la información.
