Los recientes nombramientos de Daniel Quintero Calle en la Superintendencia Nacional de Salud y de Jorge Iván Ospina como interventor de la Nueva EPS han desatado una ola de críticas que trasciende la oposición y se instala incluso dentro de sectores cercanos al Gobierno.
Las designaciones, que se producen en medio de una profunda crisis del sistema de salud, han sido recibidas con escepticismo por distintos actores políticos que advierten sobre los riesgos de trasladar al sector decisiones con alto costo reputacional.
Uno de los pronunciamientos más contundentes vino desde el propio oficialismo. El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, calificó como “un yerro enorme” el rol que se le estaría otorgando a Quintero en la Supersalud. Según afirmó, su crítica responde a un “deber moral” y a la necesidad de evitar errores que puedan afectar no solo al Gobierno del presidente Gustavo Petro, sino al conjunto de la izquierda en el país.
Carrillo advirtió que el sector progresista no puede caer en actitudes complacientes ni repetir experiencias de otros países de la región donde, a su juicio, la corrupción terminó debilitando proyectos políticos. En ese sentido, alertó sobre los riesgos de incorporar figuras que enfrentan cuestionamientos judiciales o polémicas administrativas, lo que podría traducirse en un desgaste adicional para el Ejecutivo.
Las críticas también alcanzaron el nombramiento de Ospina en la Nueva EPS. Desde el Pacto Histórico, la dirigente Ana Erazo expresó abiertamente su desacuerdo, recordando los cuestionamientos que hizo durante su gestión como concejala de Cali. “No puedo estar de acuerdo”, señaló, al insistir en que el exalcalde debe primero rendir cuentas por su administración.
A su turno, la congresista Jennifer Pedraza, de izquierda pero crítica del Gobierno Petro, señaló: “Los exalcaldes imputados hicieron moñona con la salud de los colombianos, con el patrocinio del Gobierno.Jorge Iván Ospina en la Nueva EPS y ahora Daniel Quintero como Superintendente de Salud. Esta es la respuesta de Gustavo Petro al sufrimiento de miles de pacientes, justo en el momento donde las quejas están disparadas y la crisis del sistema de salud está en su peor momento”.
Para colmo de males, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo criticó públicamente al Ospina por sus declaraciones sobre el financiamiento del sistema.
Jaramillo reaccionó a los comentarios de Ospina, quien había advertido que los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) resultan insuficientes.
El jefe de la cartera fue directo al marcar distancia: “Trabajo es lo que tiene y debe comenzar a administrar adecuadamente la Nueva EPS y no ponerse a decir cosas que no le corresponden”.
El ministro insistió en que el nuevo interventor debe concentrarse en la gestión de la entidad, en un momento en que enfrenta enormes retos administrativos y financieros, en lugar de emitir opiniones sobre temas que —según dijo— exceden su rol.
La crítica subió de tono cuando Jaramillo cuestionó la capacidad técnica de Ospina para pronunciarse sobre el cálculo de la UPC, un elemento clave en la financiación del sistema de salud. “No sabe cómo se elabora la UPC”, afirmó, al desestimar los argumentos del interventor.
“Sabe administrar, pero no puede conceptuar sobre la UPC porque es un tema bastante complejo y delicado. No puede opinar sobre eso”, agregó.
Más reparos
La Federación Colombiana de Enfermedades Raras (Fecoer) expresó su inquietud frente a la eventual llegada de Quintero a la Superintendencia Nacional de Salud y la designación de Ospina en la intervención de la Nueva EPS, al considerar que estas decisiones no generan confianza en un momento crítico para millones de usuarios
Según la federación, el país enfrenta una “crisis humanitaria sin precedentes” en salud, por lo que las designaciones deberían priorizar la credibilidad y la transparencia. En ese contexto, advirtieron que los cuestionamientos e investigaciones que rodean a ambos exmandatarios incrementan la incertidumbre, especialmente para poblaciones vulnerables.
Fecoer subrayó que cargos como el de superintendente exigen altos estándares de moralidad y confianza pública, tal como lo establece la Constitución. Aunque aclararon que corresponde a las autoridades determinar responsabilidades, insistieron en que el contexto actual de los nombramientos afecta la percepción ciudadana sobre la idoneidad de quienes asumirían esas funciones.
La preocupación es aún mayor si se tiene en cuenta el impacto que estas decisiones pueden tener sobre pacientes con enfermedades raras, un grupo que supera las 100.000 personas en el país y que depende de la continuidad y calidad de los tratamientos.
“Una demora o una mala decisión puede significar un deterioro irreversible o incluso poner en riesgo la vida”, advirtió la organización.
A su turno, la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas consideró que los exalcaldes en mención no cuentan con el perfil adecuado para ejercer los cargos de interventor y superintendente.
“La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, rechaza de manera contundente las designaciones de Daniel Quintero Calle como superintendente de Salud y de Jorge Iván Ospina como interventor de la Nueva EPS, al considerar que no sólo no cuentan con el perfil indicado para liderar estos cargos, en especial el señor Quintero quien sería el encargado de la inspección, vigilancia y control del Sistema de Salud, sino además por tener abiertos, estas dos personas, sendos procesos penales por presunta corrupción, algunos de ellos en etapa de juicio”, manifestaron en un comunicado.
De acuerdo con la organización, los moivimientos del Gobierno ponen “en grave riesgo no solo las finanzas del sector, sino además el correcto ejercicio derecho fundamental a la salud de nosotros los colombianos. La crisis de la salud que cobra vidas, cierra servicios, afecta el suministro de medicamentos, debilita la sostenibilidad del sistema, atenta contra el talento humano en salud, exige personas competentes para buscar una solución”.
Finalmente, Pacientes Colombia considera inadmisible que el Gobierno nacional “designe en un cargo de tan alta responsabilidad a una persona seriamente cuestionada en materia de moralidad pública, con procesos de investigación por presuntos hechos de corrupción y cuya trayectoria reciente evidencia un claro conflicto de intereses frente a decisiones críticas del sector”.
“Pacientes Colombia recuerda que, aun sin ser funcionario público, Quintero, con base en sus declaraciones públicas, podría trazar una hoja de ruta frente a las EPS que incluiría la intervención de una EPS como Sura y la liquidación de Savia Salud, lo que compromete su imparcialidad para ejercer las funciones de inspección, vigilancia y control que la ley le otorga a la Superintendencia Nacional de Salud”.
“Nombrar a una persona investigada e imputada y con una agenda predefinida contra algunas EPS en el cargo que debe vigilar y hacer cumplir las reglas del juego es un mensaje devastador para los pacientes. El Gobierno debería garantizar perfiles éticos, idóneos e imparciales, no alimentar la sensación de que la Superintendencia se usa para ajustes de cuentas políticas mientras los ciudadanos siguen esperando medicamentos, citas y procedimientos oportunos”, explicó Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia.
