El presidente Gustavo Petro anunció que la cadena de droguerías La Rebaja -perteneciente al Estado colombiano- pasará a ser puestos de salud y apoyarán en la entrega de medicamentos del sistema de salud.
“Las farmacias de “Drogas la Rebaja” pasaron a ser propiedad del Estado y muchos de sus puntos en todo el país pasarán a ser puestos de salud y entrega de medicamentos”, anunció el mandatario a través de su cuenta de X el pasado martes.
Así las cosas, La Rebaja S.A.S. se consolidará como gestor farmacéutico, con presencia en el mercado institucional público a través de la línea LA REBAJA INSTITUCIONAL, en articulación con el Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud como ya lo había anunciado la Superintendencia de la Economía Solidaria.
“El propósito de esta apuesta es poner en marcha la central pública de compras de medicamentos, que permita fortalecer la capacidad del Estado, reducir la intermediación innecesaria y proteger el derecho a la salud de los colombianos”, afirmó la Supersolidaria en enero pasado.
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Asimismo, especificaron que como resultado de una sentencia judicial que le concedió al Estado la tutela de los establecimientos de comercio, la Rebaja S.A.S. ahora asume la emisión de lineamientos técnicos, administrativos y operacionales “necesarios para avanzar en la optimización y consolidación de la operación comercial”.
Hacia finales de enero iniciaba una nueva fase de la intervención a la Cooperativa Multiactiva de servicios solidarios (Copservir) que comercializa los productos y servicios bajo la marca comercial La Rebaja bajo un equipo encargado de ello.
“El objeto principal de ésta fase es la creación de la línea institucional de dispensación de medicamentos pública como lo ha reiterado el Señor Presidente Gustavo Petro”, afirmó la Supersolidaria para ese entonces en un mensaje directo a los trabajadores de Copservir.
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En el año 2016 arrancó un proceso de extinción de dominio de La Rebaja pues la sociedad farmacéutica perteneció al emporio empresarial construido con dineros ilícitos por los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, jefes del cartel de Cali por lo que el Estado pudo reclamar los bienes a su potestad.
