Antes de pronunciarse sobre la primera emergencia económica del gobierno del presidente Gustavo Petro, la Corte Constitucional debía resolver un asunto pendiente relacionado con la recusación presentada contra varios de sus integrantes de la Sala Plena.
Según lo conocido por el medio Blu Radio, la solicitud de recusación fue presentada por el secretario jurídico de la Presidencia, Augusto Ocampo, quien pidió “apartarlas magistradas Lina Escobar, Paola Meneses y Natalia Ángel, y también a los magistrados Héctor Carvajal, Miguel Polo, Carlos Camargo y Vladimir Fernández”, argumentando que podrían tener interés en la decisión sobre el impuesto al patrimonio incluido en uno de los decretos de emergencia.
El Gobierno señaló que varios magistrados serían sujetos pasivos de este impuesto, derivado de la primera emergencia económica, y que por ello “existía un posible conflicto de interés al momento de decidir sobre la constitucionalidad de las medidas adoptadas durante la emergencia económica”.
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Además, la Corte Constitucional determinó que la recusación “no cumplía el requisito de oportunidad”, pues la Presidencia había intervenido previamente en el proceso sin invocar esa causal, aun cuando los hechos que motivaron la solicitud eran anteriores y ya se conocían.
El alto tribunal precisó que la petición fue presentada el 4 de febrero de 2026, tras la participación de la Secretaría Jurídica en los trámites de los expedientes relacionados con los decretos de emergencia económica y las medidas tributarias asociadas.
Finalmente, con esta decisión, los ocho magistrados podrán participar en el debate sobre la primera emergencia económica, el cual se espera que se realice durante la última semana de este mes de marzo.
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