Abogados del congresista Wadith Alberto Manzur Imbett, cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Ungrd, arribaron a la sede de la Fiscalía en el sector de la avenida Esperanza, en Bogotá.
En ese punto de la ciudad también está el congresista para ponerse a disposición de las autoridades, tal y como confirmó hace algunas horas en su cuenta de X.
Según informó Blu Radio, los representantes legales del parlamentario están a la espera de la boleta de orden de captura que emite la Corte Suprema para que puedan continuar con el procedimiento. Mientras el Inpec define el sitio de reclusión, Manzur permanecerá en el búnker de la Fiscalía.
Pese a que no hay confirmación por parte del Inpec, se presume que Manzur sería trasladado a la cárcel La Picota para cumplir su condena por el delito de cohecho impropio. Sin embargo, permanecerá en el búnker del ente acusador mientras autoridades judiciales avanzan con el procedimiento correspondiente.
Entretanto, Karen Astrith Manrique Olarte, también cobijada con la misma medida por el caso de corrupción, se entregó en la noche del miércoles a las autoridades en la sede de la Sijín de Tame, en el departamento de Arauca.
Se espera que sea trasladada a Bogotá, donde permanecerá de momento en el búnker de la Fiscalía.
Vale mencionar que la Sala se pronunció en el proceso además contra Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Julián Peinado Ramírez y el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera, quienes seguirán en libertad.
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“La investigación corresponde a los hechos registrados durante el segundo semestre de 2023, cuando los legisladores, como integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, habrían aceptado ofrecimientos de funcionarios del Ministerio de Hacienda a cambio de conceptuar las operaciones de crédito que interesaban a esa cartera”, se lee en el documento.
Y sigue: “En varias reuniones se habría acordado que la contraprestación para los congresistas, por el trámite de esos créditos, sería el impulso de la contratación y obras de interventoría de tres proyectos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd) en Córdoba, Arauca y Bolívar. En los encuentros documentados por la Sala, se habrían definido los montos con los que representantes del ejecutivo beneficiarían a los congresistas para comprometer su función”.
