El Tribunal Administrativo de Antioquia ordenó una medida cautelar de urgencia dentro de una demanda que cuestiona el decreto 182 de 2026, expedido por el Gobierno nacional para reorganizar el funcionamiento del sistema de aseguramiento en salud en Colombia.
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El juez advierte que la norma podría provocar traslados masivos de cerca de 6 millones de usuarios, concentrando afiliados en Nueva EPS y dejándola como única aseguradora en 502 municipios, lo que pondría en riesgo el acceso y la libre elección de los pacientes.
“Revisado el expediente se advierte que el actor popular, al momento de interponer la demanda, solicitó, de manera simultánea, la adopción de una medida cautelar de urgencia, frente a la cual se pronunciará el despacho a continuación”, se lee en el comunicado.
En el documento también señala que “el 24 de febrero de 2026 el Gobierno Nacional, integrado, en este caso, por el presidente de la República y el ministro de Salud y Protección Social, expidió el decreto 182 de 2026”, mediante el cual se introducen cambios en el funcionamiento del sistema.
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La norma, según el comunicado, corresponde al decreto “por el cual se adoptan medidas en el país de los arts. 5 del Libro 2 y se modifican los artículos 2.1.1.1, 2.1.1.2, 2.1.1.3, 2.1.1.7 y 2.5.2.5.3.2 del Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, en lo relacionado con la operación del aseguramiento con enfoque territorial y poblacional, y se dictan otras disposiciones”.
Además, la demanda fue presentada por Víctor Raúl Palacio Bohórquez, quien acudió a la acción popular. Según el fallo, “interpuso demanda, en ejercicio de la acción popular consagrada en el artículo 88 de la Constitución Política y desarrollada por la ley 472 de 1998, contra la Nación – Ministerio de Salud y Protección Social”, con el propósito de proteger intereses colectivos.
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