La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) advirtió este sábado, desde Bogotá, que una eventual huelga en la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. (ESSA) podría afectar a más de 958.000 usuarios en 102 municipios de seis departamentos del país, tras el anuncio del sindicato Sintraelecol.
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El gremio señaló que la suspensión del suministro eléctrico tendría implicaciones sociales, económicas y de salud pública, debido al carácter esencial del servicio.
Andesco recordó que la energía eléctrica es un servicio público esencial y que, según la Constitución y la Ley 142 de 1994, no debería interrumpirse si ello compromete derechos fundamentales de la población.
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La organización enfatizó que la continuidad del servicio es clave para garantizar el funcionamiento de sectores estratégicos y la protección de los usuarios, especialmente en contextos donde la electricidad resulta indispensable.
Además de los usuarios residenciales, Andesco detalló que existen 4.921 cuentas de manejo especial que dependen del suministro continuo de energía.
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Entre estas se encuentran 260 acueductos, 517 establecimientos de salud, 3.492 instituciones educativas, 28 centros penitenciarios, 6 aeropuertos y 40 nodos de telecomunicaciones.
También figuran 71 personas electrodependientes, 47 hogares geriátricos, 54 centros del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), sistemas de semaforización, alumbrado público, cuerpos de bomberos y cuentas asociadas a la Policía.
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El gremio advirtió que una interrupción del servicio eléctrico en Santander y otras zonas donde opera ESSA podría comprometer la operación hospitalaria, el abastecimiento de agua potable y la seguridad ciudadana.
Frente a las negociaciones laborales, Andesco indicó que la empresa ha presentado propuestas que incluyen mejoras en auxilios de alimentación, seguros, educación, salud y vivienda, además de un incremento salarial por encima del índice de precios al consumidor (IPC).
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No obstante, señaló que el pliego presentado por Sintraelecol tendría un costo cercano a 243 mil millones de pesos, de los cuales más de 132 mil millones corresponderían a aumentos salariales equivalentes a un alza del 23 %.
El gremio reiteró su respeto por el derecho a la asociación sindical y la negociación colectiva, pero subrayó que estos procesos deben desarrollarse sin afectar la continuidad de un servicio público esencial.
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Andesco hizo un llamado al Ministerio de Minas y Energía, al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Salud y Protección Social para que intervengan y faciliten acuerdos que eviten una eventual suspensión del suministro.
“La energía eléctrica soporta la operación hospitalaria, el abastecimiento de agua potable, la seguridad ciudadana y las telecomunicaciones. Los derechos de los usuarios deben prevalecer sobre cualquier desacuerdo laboral”, concluyó la asociación.
