Más de 200 organizaciones de pacientes en el país presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra el ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, por la posible comisión del delito de fraude a resolución judicial (artículo 454 del Código Penal) y otras conductas punibles que se determinen en el curso de la investigación.
“La denuncia sostiene que el ministro habría incumplido de forma consciente, reiterada y material varias órdenes de la Corte Constitucional en el seguimiento de la SentenciaT-760 de 2008 y sus autos de cumplimiento, particularmente en lo relacionado con la suficiencia financiera de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y de los presupuestos máximos con los que se financian servicios y tecnologías sanitarias no cubiertas por la UPC. Según el escrito, estas omisiones y decisiones administrativas han puesto en riesgo la estabilidad del sistema de salud y la efectiva garantía del derecho fundamental a la salud de millones de usuarios.”, indican.
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De acuerdo con las asociaciones, el ministro Jaramillo habría persistido en prácticas contrarias a lo ordenado por la Corte, como no expedir un acto administrativo que unifique los presupuestos máximos para toda la vigencia anual, realizar pagos tardíos e insuficientes y establecer el valor de la UPC basándose en la inflación en lugar de en estudios técnicos completos.
“Lo que está en juego no es una discusión técnica aislada, sino la vida y la continuidad de los tratamientos de los pacientes de todo el país, consideramos que la conducta del ministro constituye un patrón deliberado de elusión de decisiones judiciales vinculantes”, dijo Denis Silva, vocero de Paciente Colombia.
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Además, en la denuncia advierten que las mesas técnicas ordenadas por la Corte para revisar la suficiencia de la UPC se habrían utilizado como un mecanismo meramente formal, sin deliberación real, con restricciones de acceso a la información, exclusión de actores clave y decisiones ya predeterminadas por el Minsalud.
