La relación de altibajos entre Colombia y Ecuador, que son gobernados por dos presidentes con ideologías opuestas, registró en la última semana un nuevo capítulo de tensiones que derivó en una guerra comercial inédita y que, de acuerdo con expertos y líderes políticos, traería graves afectaciones en materia energética, especialmente para el vecino país, y un aumento considerable del contrabando en la frontera, generando una nueva escalada de acciones ilegales por el control territorial.
Los presidentes Gustavo Petro y Daniel Noboa son agua y aceite. El primer punto de inflexión fue la captura del ex vicepresidente correísta Jorge Glas, para la que Noboa ordenó asaltar la Embajada de México en Quito, donde Glas, que tenía pendiente de cumplir una pena de ocho años de cárcel por dos condenas por corrupción, había recibido asilo.
Posteriormente, la cuerda volvió a tensionarse tras la reelección de Noboa luego de que Petro dudara de la legitimidad de las elecciones. A pesar de las posturas de cada jefe de Estado, lo que realmente enrareció las aguas fue una visita del ex alcalde de Bogotá a la ciudad costera de Manta, con alta presencia de bandas criminales y mafias del narcotráfico en esa ciudad.
“No creo que fuese a nada bueno”, señaló Noboa.
Crisis
Colombia y Ecuador entraron en una inusitada y dañina guerra comercial con la imposición mutua de aranceles motivada no por diferencias económicas, sino por la lucha contra el narcotráfico, según el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa.
El anuncio del miércoles de los aranceles ecuatorianos del 30 % causó sorpresa en Colombia no solo por lo repentino, sino porque es la primera vez que se usa un argumento distinto al comercial, en este caso la seguridad fronteriza y el narcotráfico, para imponer tarifas aduaneras, una medida que comenzó hace un año el presidente estadounidense, Donald Trump.
“El ejemplo cunde; antes se resolvían los temas a través de los canales diplomáticos, a través del diálogo, la concertación, los acuerdos, y ahora, desde hace un año, lo que se impone es la ley de la selva, la ley de la fuerza”, dijo el presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), Javier Díaz Molina.
El Gobierno colombiano, por su parte, respondió con un gravamen del mismo porcentaje a más de 50 productos ecuatorianos y la suspensión de las ventas de energía eléctrica a su vecino del sur.
Disposición al diálogo
El presidente colombiano, Gustavo Petro, manifestó este sábado su disposición a reunirse con su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, para hablar de la lucha conjunta contra el narcotráfico, cuyas diferencias dieron pie a la imposición de aranceles del 30 % en el comercio bilateral.
“Cuando quiera Ecuador nos reunimos, pero el primer punto que quiero que se examine en la agenda bilateral es la construcción de una política mancomunada para el control de los puertos marítimos”, dijo Petro en un escrito en su cuenta de X.
El mandatario colombiano agregó que “los puertos marítimos de Ecuador y Colombia no son ni para la exportación de cocaína, ni para el contrabando de insumos de fentanilo”.
El mensaje de Petro se produce en momentos en que los dos países están también a la espera de una posible reunión la próxima semana de las cancilleres Rosa Villavicencio, de Colombia, y Gabriela Sommerfeld, de Ecuador, para buscar salidas a la guerra arancelaria abierta por Noboa.
“Ecuador no es Estados Unidos y digamos que es un intento (de Noboa) por congraciarse o como de mostrarle al presidente Trump que su forma de gobernar es un modelo para para otros líderes. ¿Quién pierde más? Obvio Ecuador. Además, digamos, me parece mal porque Colombia se portó de manera muy solidaria con Ecuador en la crisis energética”, explicó Nicolás Garzón, investigador de la Universidad de La Sabana.
Análisis
Por su parte, el politólogo e internacionalista Manuel Camilo Gónzalez, de la Universidad Javeriana, analizó la actual crisis diplomática entre Colombia y Ecuador y la calificó como un episodio “inédito por la naturaleza con la cual se ha abordado”, al señalar que, a diferencia de tensiones anteriores, el conflicto se está tramitando desde una óptica comercial y no militar.
González recordó que la última confrontación de alto impacto entre ambos países ocurrió en 2008, cuando fuerzas colombianas bombardearon territorio ecuatoriano para dar de baja a Raúl Reyes, de las Farc. Sin embargo, subrayó que en esta ocasión, aunque la disputa también tiene un trasfondo de seguridad, “se está acusando a nuestro país de propiciar la violencia en Ecuador, pero se está abordando desde una óptica totalmente distinta y es la imposición de aranceles”.El investigador sostuvo que la estrategia de Quito parece seguir un patrón similar al aplicado por el expresidente estadounidense Donald Trump frente a la crisis de seguridad en la región. “Creo que hay una imitación por defecto de lo que hace Trump con el resto de países de América Latina y del mundo: frente a crisis de seguridad, la imposición de aranceles termina siendo la elección preferida”, explicó.
Según González, esta vía resulta menos costosa que una confrontación militar directa. “Una crisis de seguridad abordada de forma militar sería inviable, porque Ecuador no tiene la capacidad de que dispone nuestra fuerza armada y, además, estaría violando un principio esencial del derecho internacional como la integridad territorial”, afirmó.
Uno de los puntos que, a su juicio, no habría sido suficientemente considerado por el Gobierno ecuatoriano es la dependencia energética del país vecino respecto a Colombia.
“Ecuador depende energéticamente de Colombia y esto podría poner en aprietos a su gobierno a mediano plazo”, advirtió.
El investigador relacionó esta situación con los problemas de seguridad interna. “Se ha dicho mucho que cuando ha habido apagones se ha incrementado la inseguridad. Eso puede pasarle factura al Gobierno en términos de gobernabilidad y popularidad”, señaló.
González concluyó que la medida podría convertirse en un “tiro al pie”, al generar más inestabilidad de la que busca resolver.
“Se intenta culpar a Colombia por los efectos de la paz total en el fortalecimiento de grupos armados, pero hacerlo de esta forma termina generando otros problemas graves, más inseguridad y mayor ingobernabilidad”, sostuvo.
Finalmente, advirtió que, si la situación se agrava, las consecuencias podrían trascender el plano social y alcanzar el escenario político interno en Ecuador. “Podrían surgir disensos no solo en la sociedad, sino incluso dentro de su propio partido, lo que abriría la puerta a escenarios de mayor crisis política”, concluyó.
